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“No iremos a ningún piso sin saber antes las condiciones y el tiempo del contrato”

Las familias del bloque de Salt desconfían del realojo que ofrece la Generalitat

Activistas de la PAH en el edificio de Salt. Ampliar foto
Activistas de la PAH en el edificio de Salt.

Horas antes de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo vuelva a pronunciarse sobre el caso del edificio de Salt ocupado por la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), las siete familias que han solicitado pisos para acceder a un alquiler a través de la Mesa de Emergencias Sociales de la Generalitat, han advertido de que no los aceptarán “si antes no sabemos qué nos ofrecen y en qué condiciones”.

Del número 91 de la calle del Doctor Castany será difícil que se mueva alguien si antes no les despejan muchas incógnitas. Desconfían. Aseguran que no les han ofrecido nada en concreto y creen que se les está “vendiendo humo”. Mientras tanto, el secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala, aseguró el viernes que ultima el realojo en unos pisos que “podrán adjudicarse la próxima semana”.

Desde el bloque Salt critican que las Administraciones “no han hecho nada durante seis meses y ahora tienen prisa”. Las familias rellenaron el miércoles pasado la solicitud para que se les pueda ofrecer una vivienda de emergencia. “Lo hicimos para que no digan que no colaboramos”, mantiene Doris, que avisa: “No queremos que se nos utilice para lavar la cara a la Administración”. Si no hubieran ocupado el edificio, no se les habría hecho caso, alertan, como “a todo el listado de centenares de personas que tenemos en situación de emergencia desde hace mucho tiempo y con más necesidades” sobre las que las familias del edificio han pasado delante.

La primera intención de estas familias es no aceptar la oferta de la Generalitat. Bouchra, Kadi, Nyame, todas ellas se quejan de desinformación y de la velocidad a la que “ahora” les hacen actuar. “Si no sabemos en qué condiciones, dónde, cuándo y cómo, no firmaremos ningún contrato”, aseguran. También creen que un contrato de alquiler de dos años para estos pisos es “vergonzoso, no es una solución”, y deja en situación de constante vulnerabilidad a los menores. “Si no son cinco años no nos movemos”, insisten. “Mi lucha no es para mi beneficio”, recuerda Doris: “La movilización es colectiva”.

 

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