Derribo parcial del puerto deportivo de Fernández Sousa tras 23 sentencias

Durante muchos años, el puerto deportivo de A Lagoa, en Vigo, fue una metáfora del poder de su presidente, Manuel Fernández de Sousa. Estampó un espigón encima de una playa con la única autorización del entonces presidente del Puerto, Julio Pedrosa, destacado militante del PP, y puso en marcha un proyecto preñado de ilegalidades ante la pasividad de las autoridades del Ayuntamiento. Pero la imagen del puerto deportivo de A Lagoa es ahora la de la caída en desgracia de su dueño, acosado judicialmente por su gestión como presidente de Pescanova. Ayer se iniciaron los trabajos de derribo de las tres grandes naves que levantó sin autorización de ningún tipo, en ejecución de la primera de las 23 sentencias acumuladas en contra del frustrado sueño náutico de Sousa.

Un puñado de operarios contratados por el Ayuntamiento entró ayer en las instalaciones del puerto deportivo para iniciar las labores previas al derribo, después de un fallido intento el pasado lunes abortado por el temporal. A principios de la semana próxima comenzarán a caer los tres almacenes de barcos, dos de ellos de nueva construcción y un tercero consistente en la ampliación de otra ya existente. Todo eso deberá retirarse de la marina a pesar de los desesperados intentos de Sousa de evitarlo, que forzaron un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el que impuso multas coercitivas a la empresa de persistir con el bloqueo y advirtió del posible delito de desobediencia a una orden judicial.

El puerto deportivo, con sus tres naves levantadas sin licencia e incompatibles con la ordenación urbanística de la zona, comenzó a construirse en 2004. Fue entonces cuando 33 vecinos de la zona crearon una asociación para luchar contra el proyecto, Voces polo Litoral de Teis, así llamada por la grabación de canciones de protesta contra el puerto deportivo. Casi diez años después, su tenaz lucha contra las ilegalidades de A Lagoa comienza a dar sus frutos, a pesar de la inacción casi absoluta del Ayuntamiento. Solo tras la llegada de Abel Caballero a la alcaldía comenzó a vigilar de cerca el proyecto, hasta iniciar ahora su demolición.

"Es un momento de enorme alegría. Siempre creímos en la justicia, y aunque ha sido lenta hasta la desesperación, finalmente comienza a imponerse la cordura", celebra la presidenta de la asociación de Teis, Amelia Álvarez. Voces polo Litoral ha ejercido la acusación particular en todos los frentes judiciales abiertos, sin que les desanimara la insistencia de Sousa y sus servicios jurídicos de agotar las vías judiciales hasta las últimas consecuencias. El resultado siempre ha sido el mismo: todas las sentencias dictadas por distintas instancias judiciales han sido en su contra del puerto, hasta 23, y 11 de ellas con carácter ejecutivo.

El espigón del puerto deportivo será la única obra irreversible del puerto deportivo, un muelle cuya construcción averió el colector submarino que surte de agua a los ayuntamientos de Cangas y Moaña, y que finalmente tuvo que ser repuesto por la Xunta con un presupuesto de 6,6 millones de euros. Cuentan con órdenes de derribo otra nave y el restaurante, ya clausurado por carecer de licencia de actividad. Y ayer mismo, la Gerencia de Urbanismo de Vigo aprobó la demolición de otras dos construcciones menores construidas también sin permiso.

Para dotar al puerto deportivo de un lujoso restaurante, Sousa utilizó la licencia para una garita desmontable de 30 metros cuadrados y le plantó encima una obra cinco veces mayor. El establecimiento inició su actividad sin licencia de ningún tipo. Dos sentencias dictadas por los juzgados de Vigo, ambas confirmadas por el TSXG, obligaron a Astilleros y Construcciones A Lagoa a cesar la actividad y demoler la construido. El restaurante aún sigue en pie.

La resistencia del expresidente de Pescanova a ejecutar las demoliciones alcanzó su extremo en diciembre del pasado año. En esa fecha, la empresa contratada por el Ayuntamiento para ejecutar los derribos ahora retomados se encontró con hasta 21 embarcaciones en seco alrededor de las naves ilegales, lo que obligó a los operarios a desistir y terminó con las advertencias del Tribunal Superior. Ayer los barcos habían sido retirados, por lo que el Ayuntamiento espera que las construcciones se puedan desmontadar el martes próximo.

El puerto de A Lagoa ha sufrido varapalos similares en otros frentes judiciales. Por ejemplo, por la utilización de un cortafuegos vecinal para el tránsito de la maquinaria pesada necesaria para su construcción, dada la angostura del único acceso por carretera. Durante el mandato de Corina Porro, y pese a reconocer la ilegalidad, el Ayuntamiento no puso impedimentos de ningún tipo al tráfico por el cortafuegos. Cuando lo hizo, el puerto ya estaba construido. Como consecuencia de esa necesidad de utilizar la zanja vecinal como acceso, el Ministerio de Medio Ambiente demoró durante años la construcción del paseo marítimo de A Guía. A esas obras, ya ejecutadas, también se opuso con firmeza Manuel Fernández de Sousa, que acabó presentando un recurso ante la Audiencia Nacional.