El Puerto de Valencia recurrirá la sanción de 100.000 euros por fijar precios

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha decidido este jueves interponer un recurso contencioso-administrativo contra la sanción de 100.000 euros que le impuso la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por colaborar junto a ocho asociaciones para "alcanzar acuerdos para fijar precios y repartirse el mercado".

La secretaria general de APV, Pilar Theureau, ha explicado que la sanción -que en total ha sido de 43 millones de euros- "se ha analizado, y por coherencia con la posición que se ha mantenido en el expediente administrativo" se ha decidido "buscar amparo ante los tribunales para que la decisión administrativa sea revisada".

El presidente de la APV, Rafael Aznar, ha resaltado el aspecto de cohesión de la comunidad portuaria, que tras la sanción ha quedado "muy dañada". "Nos corresponde tener un papel solidario con la comunidad y ahora lo vamos a ejercer", ha defendido.

El pasado 2 de octubre, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por importe superior a 43 millones de euros a varias asociaciones relacionadas con el transporte de contenedores en el puerto de Valencia por alcanzar "acuerdos para fijar los precios y repartirse el mercado en colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y la Consejería de Infraestructuras y Transportes", desde 1998 y "al menos" hasta que se incoó el expediente en 2011.

Denuncia de la fiscalía

Por otro lado, el presidente de la APV ha afirmado que tanto él como los miembros del consejo de administración, que se han reunido este jueves, se han mostrado "tranquilos y serenos" ante la denuncia de la fiscalía por presuntos delitos de malversación y prevaricación por los que han sido denunciados el propio Aznar, otros dos altos cargos y un trabajador.

El presidente del Puerto ha recordado que durante las últimas semanas ya informó personalmente de la situación "uno a uno" a los consejeros, pero ha creído conveniente trasladar un informe del presidente al consejo "para que éste se sienta informado en la relación a la denuncia de la Fiscalía".

Aznar y el consejo de administración están convencidos y "de la rectitud de los acuerdos y actuaciones", según ha asegurado. Aznar ha reconocido que es cierto que existe una denuncia anónima e informes de la Intervención del Estado, pero en este punto ha subrayado que "todas las auditorías de la Intervención del Estado relacionadas con el aspecto financiero siempre han sido sin salvedad".

"Sin embargo, en la auditoría operativa siempre ha habido comentarios y observaciones, y como la misma interventora declaró ante el juez, han sido corregidas en su inmensa mayoría", ha agregado. Aznar ha comentado que su actitud "desde el minuto cero" es la de "colaboración con la justicia y siempre desde la discreción y el respeto a los tiempos y a las formas de la justicia".

El presidente ha sido preguntado por si había recibido alguna muestra de apoyo explícito por parte de los miembros del consejo de APV. Aznar ha explicado que la información es la "máxima valedora del apoyo y compartir información genera confianza". Tras la explicación en la reunión "se ha obtenido el eco en el consejo, por lo que no necesito que el consejo se pronuncie explícitamente, ni que haga ningún manifiesto, porque está muy bien informado y cohesionado", ha finalizado.