Otra vez, no

Según Montoro, ministro de Hacienda, “los salarios no están bajando en España sino que moderan su crecimiento”. El Congreso de los Diputados está cada día más entretenido. El ministerio de la verdad es cada semana más surrealista: brotes verdes, salarios en crecimiento moderado, selección de estadísticas elaboradas por chamanes enloquecidos, reinado del oxímoron, paraíso del lenguaje encubridor, lugar donde el topless está prohibido mientras se desnuda “preventivamente” a las invitadas…

Aunque los salarios —claro que no—, no bajan, por cuarto año consecutivo los Presupuestos Generales del Estado decretan la congelación salarial de todos los empleados públicos. No importa que el ministro prevea mayores ingresos y recuperación económica. A la función pública, ni agua, debe ser la consigna. Si tienen todavía alguna duda sumen estos descuentos: el IPC (según datos oficiales del INE) desde 2010 hasta el día de hoy ha subido un 9,1%. Se espera que el año próximo lo haga un 1,5% lo que significa que solo por efecto de la congelación salarial la función pública perderá 10,6 puntos de poder adquisitivo. A esto hay que sumarle la supresión de la paga extraordinaria efectuada por el Gobierno central que supuso una rebaja de 7 puntos sobre las retribuciones totales. Y, todavía no satisfechos con esto, sumen los 10 puntos que se derivan de la supresión de los complementos de la paga extraordinaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Todo esto sin contar (no quiero llevarles a la desesperación) el aumento del 5% del IRPF o los gravámenes de todo tipo de impuestos. La pérdida total de poder adquisitivo de los funcionarios oscila entre el 20% y el 30% de sus ingresos.

Con este panorama el ministro Montoro nos explicó, con expresión de quien merece ser calurosamente felicitado, que el próximo año se mantendrían las pagas extraordinarias.

Ese conflictivo recorte, se le olvidó decir, lo dejaba al arbitrio de las Comunidades Autónomas.Lo peor del caso es que la comunidad que inmediatamente tomó el guante fue Andalucía. El Gobierno andaluz, tras rechazar los Presupuestos Generales del Estado y afirmar que “estaban diseñados para asfixiar a las Comunidades Autónomas” y que le “restaban a Andalucía 1.200 millones de euros”, ha decidido suprimir la mitad de las pagas extras de los funcionarios andaluces. Es decir, que en vez de reclamar ante el Gobierno central la financiación que le corresponde o buscar nuevas formas de ingresos, vuelve a golpear a los trabajadores públicos.

Se trata de una medida socialmente injusta, políticamente suicida y económicamente contraproducente. El Gobierno andaluz argumenta que lo hace para conservar el empleo público pero, aún si así fuera, no se puede combatir una injusticia con otra de idéntico calado, máxime cuando se hace de forma reiterada. Prácticamente todas las comunidades tienen idénticos complementos y forman parte del salario reglado de sus trabajadores. No se trata de una paga potestativa ni arbitraria que se pueda suprimir sin consecuencias.

En el plano político la medida es suicida porque los mismos dirigentes políticos del PP que aprietan las cuentas públicas de Andalucía serán los primeros en ponerse a la cabeza de la protesta por el recorte de las pagas públicas. El Gobierno regional acaba de regalarle su discurso político al desangelado PP andaluz que andaba a la deriva. El Ejecutivo de Andalucía perderá toda credibilidad en la oposición a las políticas de recorte de los servicios públicos, porque no puede haber calidad alguna cuando el colectivo que los sustenta es vapuleado continuamente. Para la ciudadanía, se fomenta la idea de que todos son iguales, sin paliativos.

Finalmente, la medida es equivocada en términos económicos. Los 322 millones que se detraen a los funcionarios no solo se restan de sus bolsillos, sino de la calle, de las tiendas, de los servicios, de la actividad económica y del empleo. Empobrecer a un cuarto de millón de ciudadanos andaluces nos hace más pobres a todos.

@conchacaballer