Un empresario acusa a Lanzas ante Alaya de pedirle 1,2 millones

El empresario Jorge Andrés Morell declaró este jueves a la juez instructora del caso de los ERE fraudulentos, Mecedes Alaya, que el considerado mediador y “conseguidor” Juan Lanzas le pidió 1.200.000 euros por sus servicios “porque tenía que repartir con gente de la Junta de Andalucía”.

El empresario ha declarado como imputado por las ayudas recibidas por su empresa para prejubilar a 26 trabajadores, entre los cuales se encontraba él mismo pese a que ya estaba jubilado. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para el empresario una fianza de responsabilidad civil de 3,2 millones de euros, equivalente a las ayudas que le concedió la Junta más el tercio previsto por la ley.

Aglomerados Morell hizo un ERE aprovechando el traslado de su empresa desde la localidad sevillana de Santiponce a la de Villanueva del Río y Minas, a pesar de que ha declarado que no necesitaba el expediente porque sus trabajadores estaban formados y contratar a nuevos le supondría tener que impartirles cursos, según han informado letrados personados en la causa.

La entonces candidata del PSOE a las elecciones en esta segunda localidad, María José Cervantes, le dijo que gracias a haber metido en la nueva empresa a los trabajadores que ella le indicó, había ganado las elecciones, según los citados letrados. Cervantes, actual directora de Cohesión e Igualdad de la Diputación de Sevilla, ha declarado ya como imputada ante la Guardia Civil por su papel en el ERE de Aglomerados Morell, según las citadas fuentes

Según el empresario, Lanzas le dijo que ese dinero que le pedía no era para él sino para repartir entre su empresa y “la gente de la Junta de Andalucía”, aunque finalmente Morell solamente le pagó 11.000 euros.

Abogados personados en la causa han informado de que, según el empresario, había vendido sus terrenos en Santiponce para levantar pisos y el empresario José María Ruiz Mateos le aconsejó acudir al “conseguidor” Juan Lanzas para pedir ayudas a la Junta. Además, según los citados abogados, el también imputado Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, le prometió que la Junta le daría dos millones de euros, pero lo iban a fraccionar en ayudas de 440.000 euros “para no tener que pasar por el Consejo de Gobierno”.

Morell hizo un ERE para 26 personas por el que percibió un millón de euros, además de dos subvenciones de 440.000 euros, 920.000 euros en avales y 60.000 euros en cursos de formación, entre otras ayudas.

El ERE de Aglomerados Morell incluyó a dos intrusos, entre ellos el propio empresario que ya estaba jubilado y que lo hizo porque Lanzas se lo indicó y le dijo: “Usted sabrá de su negocio, pero de subvenciones sé yo”.