La Fiscalía considera acreditada la prevaricación del exalcalde de Gondomar

Tras dos jornadas de vista oral, la fiscalía ha ratificado hoy sus acusaciones contra el exalcalde de Gondomar, Martín Urgal, del PP, y el exconcejal de Urbanismo, el tránsfuga del PSOE Alfonso de Lis, para quienes ha pedido dos años de cárcel, ocho de inhabilitación y una multa de 22.500 euros por un delito de prevaricación urbanística continuada. La fiscal considera que el juicio, que ha concluido hoy en el juzgado de lo Penal número 2 de Vigo, ha demostrado que Urgal y De Lis prevaricaron cuando, de común acuerdo, apartaron de sus funciones a la secretaria municipal y a una técnica de Urbanismo, debido a que hacían “informes desfavorables con mucha frecuencia”, según declararon las funcionarias.

El juicio ha permitido reconstruir la política urbanística de Urgal tras apear al nacionalista Antón Araúxo de la alcaldía mediante una moción de censura. Según el relato de las funcionarias, que fueron quienes trasladaron los hecho a la Fiscalía, las presiones para que informaran favorablemente la concesión de licencias fueron inmediatas. Ante su negativa, fueron apartadas de sus funciones y sustituidas por un asesor externo, el abogado José Martínez Torea, a quien la fiscal acusa como cooperador necesario.

La representante del ministerio público ha considerado en su informe final que Urgal y De Lis dictaron la resolución de apartamiento de funciones de la secretaria y de la técnica de Urbanismo “a sabiendas de que era injusta” y sin que mediase el preceptivo expediente disciplinario. Los dos encausados optaron por contratar a un asesor externo para de esa manera contar con informes favorables en los expedientes de concesión de licencias urbanísticas, ha añadido la Fiscalía.

Las irregularidades denunciadas por la fiscal no terminan ahí, ya que considera que tampoco se ajustó a derecho la contratación del asesor, que contaba con un informe de la intervención municipal en el que se advertía de que se trababa de un acuerdo de mayor entidad de la declarada y que debía ser fiscalizado. Dicho informe alertaba también de que el recurso a los servicios del abogado Torea suponía una “duplicidad de gasto” para las arcas municipales, puesto que el Ayuntamiento contaba con servicios jurídicos. “Las técnicas no se negaron a informar sobre los expedientes, como sostienen los acusados. Lo que ocurre es que eran desfavorables y ellos necesitaban informes favorables para cubrirse ante cualquier responsabilidad”, ha subrayado la fiscal. Según el ministerio público, los acusados “se saltaron la vía legal”. Respeto al asesor, lo considera cooperador necesario en el delito, puesto que “conocía la problemática de Gondomar y era el que tenía los conocimientos jurídicos”.

La defensa de Urgal y De Lis ha admitido por su parte irregularidades en la actuación de ambos, pero ha negado que se puedan considerar delictivas. Así, sostuvo que “pudo haber actuaciones no acertadas, pero no con intención maliciosa” ni que reúnan los requisitos que exige la ley para hablar de prevaricación. Entre esos errores se encontraría la “desacertada redacción” de la resolución de alcaldía por la que se retiraban a las dos funcionarias sus atribuciones. “Parecía entenderse que las apartaba, pero no se pretendió eso. De hecho, nunca se las relegó de sus funciones”, ha afirmado la abogada de la defensa, quien ha opinado que los hechos deberían haberse sustanciado en la vía contencioso-administrativa, y no a través de una denuncia penal.

La letrada ha apelado a la “parálisis urbanísitca” de la localidad del Val Miñor para justificar la actuación de Urgal y De Lis. Cuando el primero asumió la alcaldía, Gondomar “llevaba cuatro años sin resolver un expediente”. Ante la negativa de las funcionarias a informar los expedientes con arreglo a las normas subsidiarias en vigor, optaron por la contratación de un asesor para “desbloquear la actividad urbanística del Ayuntamiento”, lo que, ha sostenido, “no puede tipificarse como delito”. La abogada ha pedido la libre absolución de ambos, al igual que ha hecho el de Torea, quien ha asegurado que se han “violado” los derechos fundamentales de su cliente. El mismo letrado ha acusado a la fiscal de referirse a su defendido de forma “injuriosa” y ha alegado que, gracias a la actuación de Torea, Urgal y De Lis, se produjo un “desbloqueo” del urbanismo “que ahorró muchos quebraderos de cabeza a los vecinos”.