Dos funcionarias relatan ante el juez las presiones del exalcalde de Gondomar

Expedientes que aparecen y desaparecen, contrainformes, presiones... Las dos funcionarias del Ayuntamiento de Gondomar que denunciaron por presunta prevaricación al exalcalde Martín Urgal (PP) y al exconcejal Alfonso de Lis (declarado tránsfuga y expulsado por el PSOE) han dibujado hoy en los juzgados de Vigo un oscuro panorama del urbanismo de la localidad del Val Miñor, con la concesión sistemática de licencias en contra del criterio de los técnicos municipales. Urgal se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que De Lis acusó a las funcionarias de “obstrucción sistemática” de los expedientes urbanísticos.

La Fiscalía solicita dos años de prisión, una multa de 22.500 euros y ocho años de inhabilitación para cargo público para Urgal y De Lis, al tiempo que también considera cooperador necesario a José Martínez Torea, el asesor externo al que recurrieron los otros dos acusados ante la resistencia de las dos funcionarias a “emitir informes en el sentido pretendido”, según reiteraron ayer. Su testimonio convirtió la primera sesión del juicio, iniciado en la sala de lo Penal número 2 de Vigo, en un relato de las argucias empleadas por exalcalde y exconcejal de Urbanismo para manejar la concesión de licencias. La exsecretaria municipal Nuria L. D. R. afirmó que las presiones comenzaron poco tiempo después de que Urgal alcanzase la alcaldía mediante una moción de censura contra el gobierno nacionalista de Antón Araúxo. Ahí se produjeron las primeras “presiones” de Urgal y De Lis. “Empecé a ver en los expedientes que había otros informes distintos de los míos para contrarrestarlos”, ha afirmado. Los acusados, ha añadido, le reprochaban que “emitía informes desfavorables con demasiada frecuencia” y que “entorpecía y ralentizaba los procedimientos”.

La solución que idearon Urgal y De Lis consistió en la contratación de Torea como asesor externo y en apartar de sus funciones a la secretaria y a la técnica de Administración General de Urbanismo, Elena A. S., la otra denunciante, según han explicado ambas. Era el mes de febrero de 2011, momento en el que a las dos funcionarias se les impidió el acceso a los expedientes completos del área de Urbanismo. Elena A. S. ha confirmado las presiones, principalmente del tránsfuga del PSOE, y se ha referido a otras irregularidades, como la desaparición de algún expediente de su mesa o de documentos que se incluían en una carpeta para que el alcalde los firmase. “Cuando la carpeta volvía del despacho del alcalde faltaban algunos documentos y otros volvían sin firmar”, ha señalado.. Las dos funcionarias han atribuido sus informes negativos a la aplicación de lo que consideraban la normativa en vigor, y aunque el Plan General de Gondomar estaba suspendido por los tribunales, han señalado que no tenían conocimiento exacto de las normas subsidiarias que regían en la localidad por la imposibilidad de acceder al expediente completo.

La técnica de Administración General se ha mostrado convencida de que el asesor externo fue contratado para emitir los informes que le solicitaban los acusados, y afirmó que en su trayectoria en el Ayuntamiento ya vivió una situación similar, aunque no con “tanta insistencia”, con otro gobierno anterior, en referencia al de Carlos Silva, también del PP, condenado a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por prevaricación urbanística. Alfonso de Lis, por su parte, ha acusado a las funcionarias de “negarse a aplicar la normativa vigente”, en referencia a las normas subsidiarias. “Yo era partidario de abrirles un expediente, pero era una atribución del alcalde”, ha asegurado el exconcejal de Urbanismo, quien ha justificado la contratación del asesor por su profesionalidad y experiencia, ya que había trabajado con anterioridad para el Ayuntamiento de Gondomar. En su declaración, Torea ha reconocido que fue contratado para “despachar antiguos expedientes urbanísticos y seguir con el Plan General en redacción” y que se instaló en el despacho del edil de Urbanismo para elaborar sus informes. “Mis dictámenes eran estrictamente jurídicos”, se ha defendido el asesor, quien ha negado “indicaciones” del gobierno municipal para que fueran favorables a la concesión de licencias.

Las irregularidades en la contratación de Torea han sido confirmadas por otras dos funcionarias que ejercieron como interventoras en Gondomar y que han declarado como testigos. Según su relato, objetaron reparos a ese contrato por su fraccionamiento y por la “duplicidad de gasto” que suponía. El juicio continuará este miércoles con la declaración, entre otros testigos, del excaldalde Antón Araúxo y del actual regidor, Fernando Guitián, entre otros.