La Xunta no incorpora al decreto del gallego cambios impuestos por la justicia

Los criterios por los que se elegirá a partir de ahora la lengua en la que los niños aprenden a leer y escribir en Galicia se han quedado fuera de la ley. El asunto, que el PP puso en el centro de la batalla política cuando gobernaba el bipartito, ha sido excluido del decreto que regula el uso de los idiomas cooficiales en las aulas y se ha resuelto finalmente a través de una instrucción administrativa firmada el 31 de julio por el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, y emitida, según se puede leer en ella, por “seguridad jurídica”. Tras el varapalo judicial que anula que una encuesta a los padres determine en la etapa de Educación Infantil (de 3 a 6 años) si las clases se imparten en gallego o castellano, esta comunicación de carácter interno que los ciudadanos no podrán leer en el Diario Oficial de Galicia establece que deben ser los equipos directivos de los colegios los que tomen la decisión basándose en la consulta a las familias sobre la lengua materna de los pequeños, los estudios sociolingüísticos y el “equilibrio” lingüístico.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló en 2012 dos puntos esenciales de sendos artículos del decreto de 2010 con el que el Gobierno de Feijóo puso fin a la discriminación positiva al gallego en las aulas que había impulsado el bipartito en cumplimiento del Plan de Normalización Lingüística (2004) aprobado en tiempos de Fraga. El primero de los puntos derogados establecía que la lengua de enseñanza en Infantil se elegiría a través de una encuesta entre los padres y el segundo permitía a los alumnos de todas las etapas usar en clase y en los exámenes la lengua cooficial que quisiese aunque no fuese la misma en la que se impartiera la asignatura en cuestión. Tras el fallo judicial, tanto el conselleiro de Educación como el presidente de la Xunta porfiaron en negar el varapalo —“estamos satisfechos porque el TSXG ratifica la validez total del decreto”, llegó a afirmar Jesús Vázquez— y ahora la Xunta ha optado por suprimir estos dos preceptos sin sustituirlos por otros acordes a la ley. Fuentes oficiales de la consellería defienden que la instrucción interna que comunica a los colegios cómo deben fijar la lengua prioritaria en Infantil es suficiente. “Se trata de un medio de comunicación con los centros, una instrucción puntual que no precisa formar parte del cuerpo del decreto, pues desarrolla su aplicación, no lo modifica ni determina”, esgrime Educación.

La consellería deja en manos de los equipos directivos la fijación de la lengua que se usa en las aulas de Infantil y la decisión deben tomarla, señala la instrucción administrativa, en función de la consulta a los padres, los estudios sociolingüísticos y la búsqueda del “equilibrio” entre gallego y castellano. Para la asociación que representa a los directores de colegio este método consagra la desprotección del idioma oficial que retrocede en hablantes, es decir, del gallego, porque, a diferencia del anterior modelo instaurado por el bipartito, el Gobierno del PP no marca ningún rumbo que preserve la lengua más débil y no la someta al albur del criterio del director de turno. “En las ciudades, donde predomina el castellano, la presión social y mediática puede llevar a olvidar el gallego”, alerta Xosé Antonio Pardo, presidente de la Federación Galega de Asociacións de Directivos de Colexios de Ensino Público.

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que acaba de aprobar el Gobierno de Rajoy propugna además un mayor peso de la Administración educativa para el nombramiento de los directores de los centros escolares. “Los gobiernos que quieren un tipo de política educativa preparan a la sociedad para ello”, explica Pardo. “No es correcto que el equipo directivo sea el órgano rector del centro, sino que debe ser el coordinador de unos equipos docentes especializados”. El portavoz de los directores de colegios públicos de Galicia subraya la preocupación de sus compañeros por el futuro del gallego, una lengua “minusvalorada” por una normativa que le ha retirado la protección especial.