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Blasco rechaza las acusaciones y pide revisar todo el ‘caso Cooperación’

El exconsejero solicita el interrogatorio de decenas de testigos en su defensa

El exconsejero Rafael Blasco, en su escaño de diputado no adscrito en las Cortes Valencianas.
El exconsejero Rafael Blasco, en su escaño de diputado no adscrito en las Cortes Valencianas.

A un paso de sentarse en el banquillo acusado del tráfico de influencia, malversación, prevaricación y falsedad, el exconsejero y exportavoz parlamentario del PP Rafael Blasco rechaza todos los cargos en el escrito de defensa remitido a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano Pía Calderón. El ahora diputado autonómico no adscrito está procesado por su supuesta participación en el desvío de ayudas destinadas a la cooperación. La Consejería de Ciudadanía y Solidaridad que dirigía Blasco aprobó subvenciones por más de 1,6 millones para proyectos en Nicaragua, país al que solo llegaron 43.000 euros. El resto se gastó en la compra de varios inmuebles a través de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes).

En esta primera pieza separada del caso Cooperación, la Abogacía de la Generalitat solicita para Blasco 11 años de prisión y 31 de inhabilitación y la Fiscalía Anticorrupción, 14 años de cárcel.

En su largo escrito, el abogado del exconsejero pide “con carácter anticipado al juicio oral” la práctica de múltiples pruebas documentales. Para la vista, la defensa solicita el interrogatorio de decenas de personas, desde policías nacionales —“exclusivamente como testigos y se impugna su citación como peritos”, apostilla el texto—, hasta el Síndic de Comptes, Rafael Queralt. También se reclama una lista de grabaciones. La estrategia de defensa parece perseguir la prolongación del proceso a través de una revisión de todo el sumario.

En esta pieza hay un total de nueve imputados. Entre ellos, Marcial López López, que era presidente de Cyes, y que en su escrito también niega las acusaciones. El auto de apertura del juicio afirma que Augusto César Tauroni —el único imputado encarcelado y con una “estrecha relación” con el exconsejero, según la magistrada— contactó a López y le propuso que se presentara a la solicitud de ayudas de la consejería. Como contrapartida, “es muy posible” que López se comprometiera a pagarle el 25% de las ayudas, asegura la juez. En su escrito de defensa, López solo constata que dirigía la fundación y que recibió subvenciones de la consejería, pero recalca que “actuó de acuerdo con la normativa”.

Escueto es también el escrito de defensa de Marc Llinares, jefe de área de Cooperación y persona de confianza de Blasco, al que la juez atribuye un destacado papel en la tramitación del expediente de Cyes. Llinares niega las acusaciones y pide la absolución. Agustina Sanjuán, que era secretaria general de la consejería cuando se tramitaron las ayudas pedidas por Cyes, rechaza el protagonismo que se le atribuye en la comisión técnica que aprobó el expediente frente a las declaraciones de otros miembros que denunciaron fuertes presiones.

Por su parte, Josep Maria Felip presenta en su escrito de defensa una cronología de la tramitación de los expedientes y resoluciones, firmadas por Blasco y otros acusados, para demostrar que no aparece en ninguna de ellas, porque tomó posesión de su cargo de director general de Inmigración y Cooperación el 30 de abril de 2010.

Alexandre Català, exsubsecretario de la consejería, considera vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva y considera que ello es causa de nulidad de todo el proceso. Independientemente, Català rechaza haber falsificado ningún documento.

El empresario Augusto César Tauroni ya alegó en su defensa que su relación con la Fundación Cyes era “estrictamente” mercantil, y que no era amigo de Blasco. Según su versión, fue la publicación en los medios de comunicación sobre su relación lo que propició algunas conversaciones “justificadas” por interés de ambas partes en aclarar la situación.