Una ley a la medida de Català

Todas las leyes tienen una lectura autonómica posible. En la Comunidad Valenciana, la de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) “tiene buena parte del camino allanado en aquello que no cuesta dinero”, resume Bernardino Salinas, vicedecano de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València. Salinas pone como ejemplo las evaluaciones diagnósticas reguladas en la nueva ley y ya experimentadas en el sistema educativo valenciano. “Previsiblemente se utilizarán para hacerlas públicas y que quien pueda elija centro, en lugar de hacerlo para corregir desigualdades y desequilibrios”. Arguye que aquí no se ha hecho así y que no hacen falta tales pruebas para saber que un centro en un barrio céntrico de alto nivel socioeconómico ofrece mejores rendimientos que uno de menor nivel y periférico.

En cambio, “aquí la reforma educativa va a tener muchas más dificultades que en otros territorios en políticas tendentes a minimizar problemas relacionados con el fracaso escolar y el abandono temprano, que sí requieren gasto público”. Primero, porque las altas tasas de abandono y fracaso. Segundo, “porque la Administración no tiene un euro”. Una ley que “va a expulsar antes a los alumnos del sistema”, señala Miguel Soler, secretario de Educación socialista, ya sea por “el callejón sin salida” de la FP básica o por las reválidas de la ESO, “va en el sentido contrario que necesitamos los valencianos”. Fuentes de la consejería confían en que una parte de la financiación necesaria venga del Fondo Social Europeo.

La consejera de Educación, María José Català, “es buena alumna de Wert, experta en introducir aspectos excluyentes y segregadores en el sistema educativo con el decreto de Admisión y la zona única, con el contrato programa y con la dotación de recursos condicionada a los resultados, entre otros”, enumera María Dolores Tirado, presidente la Confederació de Padres Gonzalo Anaya. “Con estos antecedentes y la ley en vigor, Català no minimizarará los efectos más perversos de la Ley Wert, sino que la aplicación será extrema y sin medidas paliativas”. Tirado alude a los centros concertados que sólo admiten chicos o chicas, o al distrito único como ámbito de elección de centro: el tipo de medidas que Bernardino Salinas sitúa entre las que no cuestan dinero. “Un cambio fundamental que aquí ya se está experimentando”, añade Salinas “es que los directores pasan a ser representantes de la Administración frente a la comunidad educativa”, mientras se rebaja el papel de los consejos escolares. En esto “somos pioneros, puesto que aquí los consejos escolares dejaron de tener valor en general hace ya tiempo”.

Valencia va delante en el papel de la dirección y los consejos escolares

La creación de la Mesa de Directores “refuerza el nuevo carácter de gerente de empresa” que tendrá la dirección, subraya el STEPV, sindicato mayoritario en la enseñanza pública que ayer calificó a “experimental” el sistema valenciano respecto a esas y otras medidas de carácter ideológico del Consell, como la cesión de suelo público para conciertos Apuntó también “el contrato programa porque permite elegir una parte de la plantilla en comisión de servicios, al igual que la LOMCE permitirá a la dirección establecer perfiles para escoger el profesorado por conruso de traslado de interinos”.

En materia lingüística, con la LOMCE “serán las familias que piden enseñanza en valenciano en primera opción las que no tendrán garantizado el derecho de sus hijos a estudiar en la línea en valenciano”, advierte Escola Valenciana. La solución “aberrante” de reconducirlos a la privada “supondría un gasto anual de 70 millones de euros”. Para Miguel Soler, la LOMCE viene ratificar un modelo plurilingüe “que no responde ni a mejorar la enseñanza del valenciano ni del inglés”.

Educación pone en valor sus propias aportaciones a la nueva ley

Fuentes de la Consejería ponen en valor propuestas valencianas que se han incorporado a la ley, como la presencia del valenciano en las evaluaciones finales de ciclo. Otras son: un “mayor protagonismo de la música”; adelantar las evaluaciones diagnósticas a Primaria y que los programas de FP básica “conduzcan a una titulación”. La iniciativa valenciana llevó, según las mismas fuentes, a añadir, en la planificación educativa, “la demanda social” como criterio a la hora de decidir conciertos.