El Estatut, en vía muerta

El Estatuto de autonomía de Cataluña está en vía muerta. La sentencia del Tribunal Constitucional que mutiló el texto en 2010 y el órdago soberanista lanzado por el presidente de la Generalitat en 2012 han aparcado el Estatuto vigente desde 2006 y ni Gobierno central ni Generalitat parecen tener ningún deseo en desarrollar el texto.

Lo reconoció expresamente Artur Mas hace unos meses, cuando dijo que el Estatuto era papel mojado y lo ha ratificado con su actuación el Gobierno de Mariano Rajoy, que desde que llegó al poder hace ya casi dos años no ha convocado la comisión bilateral Generalitat-Estado que prevé el propio Estatuto como una manera de profundizar en su desarrollo.

El último encuentro tuvo lugar el 19 julio de 2011, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, que traspasó a Cataluña 11 de las 40 competencias previstas en el nuevo Estatuto. Entre las 29 que quedan pendientes figuran las becas y ayudas no universitarias y universitarias, la gestión del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), salvamento marítimo, protección civil, las mutuas de accidentes de trabajo, la formación sanitaria especializada o la protección de datos de carácter personal. También están pendientes de ser traspasados a la Generalitat el Archivo Histórico Provincial de Barcelona, el Museo Arqueológico de Tarragona, los fondos bibliográficos de carácter histórico de las bibliotecas provinciales o los fondos propios de Cataluña del Archivo de la Corona de Aragón.

Con el PP en el Gobierno no se ha podido celebrar ningún encuentro

Si se cumpliera la previsión del artículo 183 del Estatuto, la comisión bilateral debería reunirse al menos dos veces al año siempre que lo pida una de las partes. Desde 2011 han fracasado todos los intentos de reunión de lo que se define como “el marco general y permanente de relación” entre la Generalitat y el Estado”.

Los aplazamientos se han debido siempre a problemas de agenda, según la explicación oficial, aunque la razón de fondo fue la convocatoria de las elecciones generales de 2011, las autonómicas de 2012 y la falta de voluntad política de ambos gobiernos.

Josep Antoni Duran Lleida, portavoz del grupo catalán en el Congreso y presidente de la parte catalana de la comisión bilateral, reclamó por carta el 19 de septiembre a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que convocase la comisión. “No solo sería conveniente, sino también del todo necesaria”, advertía Duran, para poder formalizar el contrato de Cercanías entre la Generalitat y el Estado aprobado en 2009.

El Gobierno de CiU rechaza nuevas competencias si no tienen presupuesto

El diputado nacionalista recordaba igualmente que más allá de ese aspecto, la comisión debería reunirse “en la línea del compromiso con el diálogo” que expresaron Rajoy y Mas, con el fin de “retomar y tratar de cerrar algunos de los acuerdos que tenemos planteados desde hace tiempo”. Santamaría replicó el pasado 4 de octubre que estaba dispuesta a convocar la comisión si era para mejorar la coordinación entre ambas administraciones y la situación de los catalanes, en vez de seguir siendo el foro al que “tradicionalmente” se acude solo para pedir “traspasos y transferencias al Estado”. Pese a las promesas de Santamaría, que es la presidenta de la comisión por parte del Estado, sigue sin haber fecha para que se reúna la comisión. Jaume Collboni, portavoz del PSC, reclamó ayer que se reactive la comisión bilateral como el primer paso para intentar resolver la crisis política e institucional entre ambas administraciones.

El traspaso de una competencia del Estado a la Generalitat requiere, por encima de todo, voluntad política para iniciar un proceso negociador que puede durar años y que culmina si hay acuerdo entre las partes y se dota de presupuesto. Demasiadas exigencias en época de crisis económica, con la losa de la sentencia del Tribunal Constitucional y, si no hubiera bastante, con la política recentralizadora que aplica el Gobierno del PP.

Ese es el análisis que se hace desde el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat, que en un documento interno fechado en julio de 2012 relata que se han rechazado traspasos porque no contaban con una valoración económica suficiente.

La Generalitat atribuye la falta de traspasos a la recentralización del PP

El escenario de crisis que se vive desde hace años es el peor aliado para que puedan prosperar nuevos traspasos, pero la Generalitat recuerda también que los conflictos de competencias se han incrementado desde que gobierna el PP y que en esas condiciones es muy difícil negociar.

Al otro lado de la mesa se sitúa el proceso soberanista de Artur Mas, que invita muy poco al Gobierno de Mariano Rajoy a sentarse a negociar el desarrollo de un Estatuto que se ningunea en muchas ocasiones desde las filas de CiU y que parece formar parte ya de la historia, pese a que sigue vigente. “Es una pantalla pasada”, en expresión habitual de los soberanistas.

Desde el Gobierno del PP se insiste con buenas palabras en la necesidad de que ambas instituciones cooperen, pero el escenario político en el que se encuentra Cataluña hace muy difícil que se pueda avanzar en la senda del desarrollo estatutario.

Y por si no hubiera poco con todo ello, el informe de la Generalitat sobre la deslealtad del Estado con Cataluña cifra los incumplimientos en 9.375 millones de euros y recuerda el proceso de negociación de competencias que parece en vía muerta. Como el Estatuto de autonomía.