Todos los unicornios son azules

En la vida cotidiana, las personas, las familias, las comunidades, los estados se enfrentan cada día a nuevos problemas.

La solución de esos problemas puede ser variopinta, diferente y de alcances diversos, pero hay un denominador común: no hay buenas soluciones a problemas mal planteados. Es discutir sobre el color de los unicornios.

Esto es lo que a mi juicio sucede cuando abordamos el espinoso tema de la financiación de las comunidades autónomas. Plantear el problema respecto de qué comunidad es capaz de llevarse la mayor parte de la tarta de los recursos económicos del conjunto de España nos conduce, una y otra vez, a callejones sin salida y al enfrentamiento entre territorios, no pocas veces fomentado por el propio gobierno del Partido Popular.

Hasta ahora hemos venido centrando esta cuestión en el territorio. El territorio como criterio relevante a la hora de repartir financiación. Y para los socialistas esto no puede ser así, porque la pregunta central es qué tipo de Estado queremos, con qué prioridades y con qué políticas las vamos a realizar. Y la respuesta tiene que ver con un valor fundamental para el socialismo: la igualdad. Nos encontramos en una tesitura en la que es preciso declarar que todos los españoles tienen los mismos derechos a la provisión de los mismos bienes y servicios públicos por parte de sus administraciones públicas. Independientemente del territorio en el que vivan.

Esta es la premisa fundamental con la que los socialdemócratas contamos para conseguir la igualdad entre los ciudadanos. Y para ello hay que sacar la discusión de la financiación del marco estrictamente territorial, de la tradición, la historia o los derechos históricos. Elementos todos ellos conciliables si los derechos esenciales del Estado de Bienestar están garantizados. Lo importante no es el quién sino el qué.

En la estructura de Estado consagrada por nuestra Constitución los gobiernos autonómicos, que gestionan servicios públicos tan importantes como la sanidad y la educación, no tienen la misma capacidad de acción, pues la mayor parte de sus ingresos provienen de un mecanismo de reparto injusto.

Esta disparidad de trato no es una característica singular del actual modelo de financiación autonómica. De hecho, el vigente modelo de 2009 ha permitido reducir las distancias entre las comunidades mejor y peor financiadas. A tal punto que el ministro Montoro declaró en contestación a una pregunta parlamentaria que éste era un modelo justo para la Comunitat.

Nosotros no lo creemos así. Subsisten notables diferencias entre ellas. Aquellos territorios que disponían de menores dotaciones públicas no sólo obtuvieron menos recursos cuando recibieron las competencias, sino que también han dispuesto de menos dinero para tratar de salvar el desfase original. Quienes necesitaban avanzar más y más rápido para acercarse a la media, ni siquiera han podido avanzar al mismo ritmo que el resto.

Con el estallido de la crisis y el desmoronamiento de los ingresos públicos la situación se ha agravado, al aumentar la importancia relativa de los ingresos proporcionados por el modelo de financiación. No ha habido ningún mecanismo corrector de la coyuntura, y para las comunidades que reciben menos recursos por habitante, la caída de los ingresos se ha saldado con un mayor deterioro en las prestaciones.

España es un país muy diverso, pero nada justifica que para pagar los mismos servicios los valencianos recibamos 800 euros menos que los cántabros o 700 euros menos que los riojanos. Y menos justificable aún es que estas diferencias no se vayan corrigiendo a lo largo del tiempo, sino que se mantengan, más o menos matizadas, según el caso. La consecuencia más déficit y peores servicios.

Durante los últimos veinte años, la Comunidad Valenciana ha pasado de disponer de una renta per cápita cercana a la media de España a situarse a más de doce puntos de distancia de ella.

El actual modelo de financiación ya no sirve. Hace falta diseñar uno nuevo, partiendo de cero. Un modelo construido sobre la base de la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos, que se ha de asegurar definiendo claramente las competencias y responsabilidades que se asignan a cada Administración, y garantizando que cada una de ellas dispone de los recursos necesarios para desarrollarlas en su ámbito competencial.

El modelo de financiación de las comunidades autónomas ha de ser un modelo que incluya mecanismos de salvaguardia y contingencia que garanticen la aplicación efectiva del principio de solidaridad en las fases contractivas del ciclo económico. Cuando las cosas vayan mal, hemos de tener garantizado lo que más importa. No podemos consentir que la crisis sea una excusa para recortar servicios públicos esenciales. Para ello proponemos que incluya un Fondo de Garantía, similar al Fondo de Reserva de las pensiones, del que echar mano en tiempos de crisis para mantener estos servicios.

Para la Comunitat es una cuestión de supervivencia. Nos jugamos en ello la viabilidad de nuestro autogobierno. Por ello los socialistas no cesaremos en nuestros esfuerzos para lograr un acuerdo de toda la sociedad civil para lograrlo. Un acuerdo real, sin trampas ni artificios, en el que los partidos políticos digamos y mantengamos lo mismo aquí y en Madrid. El informe que la Comisión de expertos ha elaborado para las Corts Valencianes es un buen punto de partida. Cada uno desde la responsabilidad que le corresponde, hemos de poner todas nuestras capacidades para lograrlo.

[PIEPAG]Ximo Puig es el secretario general del PSPV-PSOE.

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