La ILP para proteger a los grandes dependientes ronda el Parlament

Los grandes dependientes están a punto de ver cómo la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada para blindar los pagos de sus prestaciones llega al Parlamento Catalán para someterse a voto. Después de un periplo de seis meses desde que fuese aprobada por la Mesa del Parlament el pasado abril, la ILP, promovida por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD), ha recogido alrededor del 80% de las 50.000 firmas que necesita para entrar a debate en el Parlament. En la última jornada de recogida que celebró hoy ASCAD por el centro de Barcelona, la entidad calcula haber conseguido 4.000 firmas más de aval ciudadano.

A dos semanas de que termine el plazo, el vicepresidente de la asociación, Iñaki Antón, se muestra “convencido de lograr las 5.000 o 6.000 firmas que faltan” para que la ILP sea votada en la Cámara. La iniciativa propone blindar el pago de las prestaciones económicas destinadas a los grandes dependientes, es decir, priorizar el desembolso de las ayudas económicas a las personas valoradas con el grado de dependencia más alto. “Debemos proteger los derechos básicos del eslabón más débil de la sociedad”, sentencia el portavoz de ASCAD.

La ILP está a las puertas de entrar al Parlament tras haber sido rechazada, en un primer momento, por el Gobierno Catalán. La iniciativa, que pasó los filtros de los servicios jurídicos de la Cámara –encargados de controlar que la petición esté acorde a la ley y no tenga un impacto directo en los presupuestos de la Generalitat-, se topó con el informe desfavorable del Ejecutivo catalán cuando la Mesa del Parlament debía decidir si la ILP sería admitida o no a trámite. Según el Govern, la aprobación de la propuesta podría suponer una limitación de su capacidad de maniobra para gestionar la tesorería. “El Govern debe valorar cada mes las prioridades de pago en base a las obligaciones legales y los compromisos existentes”, reza el documento emitido por el Ejecutivo. Y añade: “las prioridades que se siguen en los pagos priorizan, en primer lugar, las obligaciones financieras”, seguidas de las nóminas y, en tercer lugar, los compromisos con el sector social con carácter finalista.

El informe hizo que la ILP retornase a los servicios jurídicos del Parlament, que reafirmaron que la propuesta no incumplía los requisitos para su tramitación. Finalmente, la ILP fue aceptada y se fijó el plazo de recogida de las 50.000 firmas que necesita para entrar en el Parlament hasta el 30 de octubre.

“Es increíble el apoyo ciudadano, sobre todo el de la gente más joven. Cuando vamos a recoger firmas a las universidades lo vemos. Los estudiantes no te dejan acabar de explicarles la ILP y ya están firmando. No estamos pidiendo más dinero, sino que se prioricen las ayudas a los más vulnerables”, apunta Antón. La propuesta solicita que las ayudas tengan características similares a las obligaciones establecidas por la ley para el pago de sentencias y resoluciones judiciales, que según la legislación vigente, “se cumplirán puntualmente”. La ley de finanzas públicas de Cataluña incluso prevé que, en caso de que no haya presupuesto para costear estos pagos, se pueda solicitar un crédito extraordinario del Parlament.