El ‘caso Invercaria’ salpica al exconsejero de Cultura Martín Delgado

La policía acusa al exconsejero de Cultura José María Martín Delgado por su gestión como presidente de la aerolínea fracasada Ándalus, que recibió una gran inyección de fondos públicos por parte de Invercaria, empresa de la Junta de Andalucía, hasta alcanzar el 47% del capital de la sociedad, antes de su temprano cierre.

Los investigadores del caso Invercaria analizan unas 40 empresas que recibieron inversiones desde la sociedad pública de capital riesgo. Después de un año y medio de investigación, el Grupo de Blanqueo de la Udyco solo ha podido detallar la inversión pública en la sociedad FIVA, y ahora analiza la aerolínea Ándalus, que causó un “grave perjuicio” a las arcas públicas, tras lo que pide al juez la imputación del exconsejero entre 1994 y 1996 Martín Delgado. Además, los agentes acusan a los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz por su inversión “negligente, si no manifiestamente intencionada”, así como a los empresarios Manuel Jesús Rodríguez y Antonio Valdés.

La compañía aérea se creó a finales de 2007 como un proyecto “ambicioso” que preveía inversiones de 12 millones y aspiraba a dotar a la comunidad de “una compañía aérea andaluza de ámbito internacional, proyecto considerado de gran importancia estratégica”, según destaca el último atestado policial. La inversión fue finalmente de solo cuatro millones, pero los empresarios solo arriesgaron en la aventura empresarial con el 12% del capital invertido. Si Invercaria invirtió el 47,3% con 1,9 millones, Caja Granada invirtió el 40,7%.

De este modo, el respaldo institucional alcanzó el 88% del total del capital. Tres años después de su creación, Ándalus presentaba un patrimonio neto negativo de 9,3 millones.

Los investigadores critican la inversión pública por parte de Invercaria en Ándalus, pese a las malas perspectivas económicas que presentaba el proyecto. “La administración pública (...) invierte 1,9 millones en una sociedad que desde el primer momento de la inversión ya presenta fuertes pérdidas, y continúa invirtiendo incumpliendo lo estipulado en el contrato de participación suscrito al efecto, teniendo la casi total certeza de que no recuperarán lo invertido”.

Los policías sostienen que la inversión realizada por la Junta se debió a otro tipo de intereses, ajenos a la creación de riqueza económica, aunque sin explicar cómo llegan a esa conclusión. “Tratándose más bien de satisfacer posiciones estratégicas y políticas, causando un prejuicio grave para las arcas públicas”.

Los agentes analizan el devenir de la sociedad, critican la gestión económica de Martín Delgado y los créditos que conceden Caja Granada e Invercaria a la firma. Sin ser aparentemente delictivo, la policía cuestiona también el sueldo de los directivos. Pone como ejemplo el caso de Fernando Guerrero, que percibió en 2008 un salario de 206.079 euros. “Sueldos llamativos para una empresa que se encuentra con fuertes pérdidas”, destaca el atestado policial.

Ándalus aspiraba a conectar Andalucía con diversas regiones, pero principalmente con Marruecos, y para ello ofertaba vuelos desde Málaga y Almería. “Las cifras de negocio, calculadas y previstas eran excesivamente optimistas (...) Se incumplieron las previsiones financieras desde el primer instante”. En paralelo, los agentes censuran que existe una “manifiesta ausencia de documentación”. Los datos se han perdido por diversas razones y mucha de la que ha sido localizada carece de relevancia.

“La participación de Invercaria se lleva a cabo por decisión personal de su presidente Tomás Pérez Sauquillo, sin la aprobación previa del Consejo de Administración”, censuran los agentes. Estos califican la gestión de “negligente” y llegan a tildarla de “indolente”. Dentro de la crítica general a la financiación que logra Ándalus por parte de las administraciones, la policía resalta la concesión de un “préstamos puente” por parte de la agencia Idea por medio millón “en un momento de manifiesta crisis de la sociedad”, destaca el atestado policial. Este préstamo supone, en su opinión, un “inaceptable riesgo”.

Eso sí, los agentes no aprecian que los directivos se hayan beneficiado de un “incremento desproporcionado de sus bienes personales, más allá del producido por la actividad laboral y o empresarial”. La policía subraya que ha tomado declaración a todos los implicados en este caso, excepto a los hermanos Guerrero, que se encuentran en paradero desconocido en el extranjero. “Uno en las antípodas y otro en la región caribeña”, puntualizan los agentes.