Movilización masiva para evitar el desalojo del bloque de la PAH en Salt

El inmueble número 91-93 de la calle del Doctor Castany de Salt (Gironès) se ha convertido hace semanas en una de las prioridades de las asambleas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de toda España. A estas se han añadido asociaciones, sindicatos, algunos partidos políticos y particulares, que intentan evitar el desalojo de ese “bloque liberado” por la Obra Social de la PAH en Salt. La Generalitat no movió ficha hasta el pasado viernes, cuando llevó un escrito al juzgado pidiendo el aplazamiento del desahucio.

La fecha señalada para la ejecución es el 16 de octubre. En los días previos, los llamamientos en los medios de comunicación y las redes sociales de intensifican, lo cual demuestra el apoyo a los 43 inquilinos de este edificio, que quieren permanecer en él a cambio de un alquiler social. Hasta ahora, todos los intentos de dialogar con el propietario, la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) —el llamado banco malo—, han sido infructuosos. A la espera de la resolución judicial, el desalojo sigue adelante.

El inmueble fue el primero de la Obra social de la PAH en Girona. Se trata de 15 pisos en los que viven 16 familias, con 21 niños. No tienen ni agua caliente ni calefacción, pero sí un techo que les facilita sobrellevar una dramática situación. Las familias que comparten este edificio son de Gambia, Marruecos, Chile, Ecuador, Perú, y también españolas. Todas ellas sobreviven con un máximo de 426 euros, aunque muchas no tienen ni ingresos.

Las familias, que han tejido una red de solidaridad entre ellas, no tienen miedo y, dicen, no piensan irse. Tendrán que echarlas. Los servicios sociales de Salt, a los que critican, les han aconsejado que abandonen el edificio y les han propuesto que se alojen en casas de familiares o de amigos. Un par de familias, atemorizadas, se ha ido, pero el resto no lo considera una opción.

Las paredes de la entrada al edificio están empapeladas con noticias de la PAH que han aparecido en los periódicos, pizarras con horarios de asambleas y un cartel que recuerda que hay que cerrar la puerta con llave. Son una clara muestra de un bloque en “lucha”. El día a día de las familias transcurre en su piso, pero estas ocupan la mayor parte de la jornada en las zonas comunitarias. Allí están la lavadora, guardan los alimentos que han cultivado, cocinan lo que reciben de aportaciones y pasan horas hablando de su incierto futuro. Están coordinados y organizados, tienen protocolos y horarios para hacer deberes con Engracia, una profesora extécnica del Departamento de Educación que se quedó en paro. También tienen un huerto con vegetales, siete gallinas y a Torramadé, el gallo bautizado con el nombre del alcalde.

La portavoz de la PAH, Marta Afuera, lo tiene claro: el bloque es un “matriarcado”. La mayoría de los pisos están ocupados por mujeres solas con sus hijos. “La cooperación es mucho mayor entre ellas, son más reivindicativas y luchadoras”, asegura. Afuera mantiene que “por lo que sea, los hombres sienten que si no aportan un sueldo son unos fracasados, muchos huyen, ellas se crecen”. Muchas llegaron con la reagrupación familiar, trabajaban limpiando y perdieron el empleo. Nyameh es de Gambia, tiene 30 años y cuatro hijos. Su marido cobra una invalidez de 350 euros. “No tengo miedo que nos echen, no tengo dónde ir más que la calle”, afirma. En una situación parecida se encuentra Mariama, gambiana, de 24 años y tres hijos. Su marido está en Italia. Es de las afortunadas, cobra una ayuda de 426 euros. “No tengo miedo. No sé dónde iré, quizás al Ayuntamiento o a casa del alcalde”, afirma sonriente. Bouchra es de Marruecos. Tiene 30 años, un hijo y está embarazada. Estudió en la universidad, ni ella ni su marido trabajan y no tienen ingresos.

La Sareb, propietaria del bloque, pidió a los tribunales su desalojo. En agosto el Juzgado de Instrucción 3 de Girona lo denegó, la fiscalía recurrió y la Audiencia le dio luz verde. Desde la PAH han intentado hablar con la Sareb sin éxito. También lo han hecho los alcaldes de Girona, Carles Puigdemont, y Salt, Jaume Torramadé. El abogado de la plataforma llevó una petición extraordinaria al juzgado para intentar parar in extremis la ejecución a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional. También se han movido los sindicatos y el viernes finalmente lo hizo la Secretaría de Vivienda de la Generalitat, que presentó un escrito pidiendo el aplazamiento tras “detectar algunos casos con una situación que podría justificar el realojo en una vivienda de emergencia de la Generalitat”. Además, 38 diputados del Parlament de ERC, ICV, CUP y PSC pidieron al consejero de Interior, Ramon Espadaler, que los mossos no acataran la orden judicial. Pero para Espadaler eso no es “planteable”.