Cinco años siguiendo el fútbol en comisaría

Durante cinco años, Marc Martín no ha podido ver el fútbol en el campo. Y con dificultades, ha podido verlo en su casa o en un bar. El juez le impuso como medida cautelar acudir a comisaría cada vez que su equipo, el FC Barcelona, jugase porque sobre él pesaba la acusación de ser una de las personas que lanzó bengalas al público en el derbi con el Espanyol, en 2008. Los incidentes fueron tan graves que obligaron a interrumpir el juego durante diez minutos.

En abril, el juzgado de lo penal 1 de Barcelona condenó a Martín a tres años y un día de prisión por un delito de desórdenes público. Le culpaba de ser una de las personas que pasó y ayudó a encender las bengalas a los otros dos acusados, los hermanos Guillem y Álex Caparrós (también condenados a tres años y un mes de cárcel). Además, le impuso seguir así, sin poder asistir a un campo de fútbol, durante 4 años y un día.

Una sentencia de la Audiencia de Barcelona le absuelve ahora de todos los cargos. El tribunal alega que en ninguna de las imágenes que valieron para condenar a Martín se le ve efectivamente lanzando una bengala, ni siquiera demuestran que fuese él quien pasa la mochila a los otros dos condenados. “No ha quedado acreditada de forma contundente y con plurales indicios de cargo”, afirma el tribunal.

“Ha vivido una situación kafkiana”, se lamenta su abogado Carles Monguilod. Martín permaneció 40 días en prisión preventiva. Al salir, estuvo obligado durante tres meses a pasar todos los partidos, completos, en comisaría. Tras un recurso de su letrado, logró tenerse que personar únicamente cuando empezaba el encuentro y cuando acababa, para dar fe de que no había ido al campo. Incluso en los encuentros amistosos, también en el extranjero, que pueden jugarse de madrugada, Martín debía levantarse e ir a firmar.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona rebaja además la condena a los otros dos acusados a tres y cuatro meses de prisión, respectivamente, y les impide acudir a espectáculos deportivos durante tres años. Les considera responsables de un delito de perturbación del orden público, y no de desórdenes.