La Comunidad saca a subasta seis edificios por 77 millones

La Comunidad ha sacado a subasta seis de sus edificios, todos en la capital, con un precio de salida global de 77 millones de euros, según consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madriddel pasado 27 de septiembre. Los inmuebles, puestos a la venta a través de la empresa pública ARPROMA (Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid), adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda, son el de la Agencia de Informática y Comunicaciones (calle de Embajadores, 181), por el que se podrá pujar a partir de 21,1 millones; el Registro Auxiliar y Punto de Atención al Ciudadano de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura en Vía Lusitana, 21 por 19,6 millones; el Registro de Uniones de Hecho, en Gran Vía, 18, a partir de 15,6 millones; la Dirección General de Consumo (calle del General Díaz Porlier, 35), desde 13,1 millones; el Registro General de la Comunidad de Madrid (Gran Vía, 3), por el precio inicial de 6,2 millones; y finalmente dos pisos de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego en el número 56 de la calle de Zurbano a 1,5 millones. Los interesados tienen hasta el 25 de octubre para presentar sus ofertas en ARPROMA (Alcalá, 21). “Consideramos que estos edificios no son esenciales y les pueden interesar a los inversores. Lo que no pretendemos es malvenderlos”, observan desde el Ejecutivo autónomo.

El pliego de condiciones recoge, además, el compromiso de la Comunidad, una vez vendidos, de arrendar los inmuebles durante 15 años. “La parte compradora quedará subrogada de pleno derecho en los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de arrendamiento suscrito con la Comunidad de Madrid, sin excepción alguna”, se establece. El sindicato CSIT critica que en ese periodo el Gobierno regional se habrá gastado todo el dinero obtenido por la venta de los inmuebles en el alquiler de los mismos, ya que calcula que los arrendamientos le saldrán por más de 79 millones, IVA no incluido. “La conclusión es que, para esta fecha, además de ya no ser propietaria, la Comunidad tendrá que continuar desembolsando una cantidad económica extra si quiere hacer uso de los edificios”, zanjan en CSIT.

“A la vez que se vende patrimonio se mantienen alquileres desorbitados como el del Consejo Consultivo, por el que se pagan 8.000 euros al mes”, interviene la diputada regional Libertad Martínez. La parlamentaria de IU y portavoz de Economía y Hacienda en la Asamblea de Madrid ha registrado una petición en la que solicita la comparecencia del director general de Patrimonio, José Luis Moreno, para que explique en la Cámara la enajenación de la decena de propiedades. Martínez también se pregunta por el traslado de más de un centenar de trabajadores de la Dirección General de Recursos Agrarios a Gran Vía 3, uno de los complejos a subastar. “¿Por qué los trasladan a un edificio que, tras ponerlo a la venta, luego el Gobierno regional va a tener que alquilar para que sigan trabajando en él?”, cuestiona. La Comunidad resalta que ha ahorrado unos 40 millones por la renegociación de alquileres.