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La instructora señala a empleados de bancos por “connivencia” con el blanqueo

La juez observa indicios penales en diferentes productos bancarios y operaciones de reintegro

En el amplísimo abanico de acusados por la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE no estaban las entidades bancarias. Hasta ahora. La instructora apunta a los empleados de las sucursales bancarias por una “presunta y necesaria colaboración o connivencia” con el intermediario y conseguidor Juan Lanzas, así como con los abogados del despacho Estudios Jurídicos Villasís, para el que Lanzas trabajó durante varios años.

Alaya destaca en un auto del pasado lunes los indicios penales por los diferentes productos bancarios y operaciones de reintegro efectuadas por Lanzas y su entorno de testaferros y hombres de paja. La investigación ha cifrado en 13 millones la fortuna de Lanzas. Alaya sospecha que los empleados de banca debieron conocer los movimientos bancarios de Lanzas y no alertaron al Banco de España sobre los indicios de blanqueo de capitales pese a estar obligados a ello. Mientras, los abogados del despacho Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal, José Luis Leal y Alfredo Jiménez recibieron de la consultora Uniter (que tramitó numerosos ERE) fondos de las sobrecomisiones obtenidas. Las operaciones tienen un mismo patrón: en primer lugar se producía un abono en la cuenta titulada por el bufete, traspasándose acto seguido mediante una transferencia a una de las cuentas tituladas por los socios del despacho. Finalmente, efectuaban reintegros en efectivo de manera sistemática en la misma sucursal, el mismo día y en cantidades iguales o menores a 3.000 euros. “Ante la apariencia inusual, compleja y sin propósito económico aparente de las operaciones”, Alaya pide a los bancos que informe a la Guardia Civil sobre dichos movimientos.

Mientras, la juez achaca a las entidades bancarias haber financiado a empresarios de la Sierra Norte antes de que la Junta de Andalucía les concediera las subvenciones fijadas por convenios. Alaya subraya la necesaria colaboración de las entidades para las ayudas comprometidas “a espaldas de la fiscalidad”.

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