El Supremo confirma la condena por cohecho al alcalde de Alhaurín
El tribunal considera que Martín Serón exigió un pago de 122.000 euros a un constructor Martín Serón y el edil de urbanismo podrán recuperar su puesto en el pleno
El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de un año de suspensión para empleo o cargo público impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga al alcalde de Alhaurín El Grande, Juan Martín Serón (PP), y a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra. El alto tribunal ha rechazado los recursos presentados por ambos contra el fallo dictado por la sección octava en enero de 2012, que los consideraba autores de un delito de cohecho y los obligaba también al pago de una multa de 200.000 euros. La sentencia consideró probado que exigieron 122.000 euros a un promotor a cambio de una licencia de obras para construir un edificio de 14 viviendas y garajes.
El fallo es firme y los dos ediles implicados en el denominado caso Troya tendrán que dejar su acta cuando la sentencia se ejecute, aunque la pena de suspensión para cargo público presenta algunas diferencias con la inhabilitación. Según varias fuentes consultadas, tanto Martín Serón como Guerra, una vez cumplida la condena, podrían recuperar su silla en el pleno municipal si antes no se han celebrado unas elecciones locales.
El alcalde de Alhaurín El Grande (24.074 habitantes) se ha negado a dimitir en todo momento alegando motivos como que hacerlo sería de “cobarde”.
Martín Serón adujo en su recurso de casación ante el Supremo, entre otros puntos, falta de concreción en los cargos y que tras el juicio se le imputaron cuestiones que no estaban incluidas inicialmente.
La Sala Segunda de lo Penal del alto tribunal admite que el escrito fiscal previo era “mejorable” y que hubiera sido pertinente “mayor concreción”, aunque sostiene que la acusación quedó “suficientemente delimitada” con las aclaraciones que hizo el representante del Ministerio Público. “No parece que estemos, ni de lejos, en una real indefensión (…), sino más bien ante una deliberadamente creada apariencia de indefensión, lo que constituye una legítima estrategia defensiva”, dicen los magistrados.
A juicio del tribunal, los hechos por los que el alcalde ha sido penado estaban presentes desde el inicio de las diligencias (que se abren tras la denuncia del empresario al que se le reclamó dinero), por lo que “no parece serio ni creíble” exponer ahora “sorpresa” debido a que lo que motivó su detención aflorara durante el juicio.
Sobre la autoría del delito por la que el alcalde también impugnó el fallo de la Audiencia de Málaga, el Supremo recuerda que no ha sido condenado por exigir “en persona” una cantidad al promotor inmobiliario, sino por “convenir” con el concejal la reclamación de ese montante económico.
Los dos cargos públicos han sido ahora condenados en firme, aunque el caso quedó muy desinflado después de la vista oral. La Fiscalía retiró la acusación contra 18 de los 20 acusados inicialmente, la mayoría empresarios que supuestamente habían pagado sobornos por resoluciones favorables, y solo mantuvo los cargos contra el alcalde y el concejal de Urbanismo.
Tras la vista oral reclamó para ellos una multa de dos millones de euros y suspensión para empleo o cargo público durante tres años y nueve meses por 13 delitos de cohecho con carácter continuado. Antes del juicio, la petición de condena era incluso mayor.
La Audiencia de Málaga sentenció que Martín Serón y Guerra pidieron “con insistencia” 122.000 euros al empresario José B. L. con “ánimo de enriquecerse y sirviéndose de la ventaja que les proporcionaba su cargo oficial”.
Los magistrados, sin embargo, descartaron que en el Ayuntamiento de Alhaurín El Grande existiera entre 2002 y 2006 una trama para solicitar dinero a los promotores, como defendió la Fiscalía.
Los 12 delitos de los que fueron absueltos no quedaron acreditados “con el rigor que es necesario en el Derecho Penal”, según estableció la Audiencia de Málaga. Ningún empresario reconoció en la vista oral haber pagado para obtener licencias y no se localizaron incrementos patrimoniales “excesivos” del alcalde y el edil.
El PP espera e IU pide el cese
El presidente provincial del Partido Popular en Málaga, Elías Bendodo, no ha querido este martes anticipar qué hará su formación tras la confirmación de la condena a su alcalde, cuya defensa estudia si recurre al Constitucional. Por el contrario, IU exigió el cese inmediato de Juan Martín Serón como regidor de Alhaurín el Grande tras la suspensión de este por cohecho.
Bendodo se mostró “absolutamente respetuoso” con la resolución del Supremo y admitió que ha hablado con el alcalde, quien está revisando con sus abogados la sentencia de más de 50 folios. El dirigente del PP malagueño se limitó a afirmar que tomará una decisión “en los próximos días”, sin precisar más.
“Mi partido respeta la decisión de un juez nos guste o no. No lo pueden decir otro partidos como el PSOE, que sí critican decisiones judiciales”, añadió.
Por el contrario, la portavoz provincial de IU en Málaga, Dolores Quintana, afirmó que Martín Serón “ya no tiene argumentos para seguir de alcalde” y exigió que deje el cargo “inmediatamente”.
También criticó a la dirección del PP por “su apoyo incondicional a Martín Serón a pesar de que ya estaba condenado”. En este sentido, pidió explicaciones a Bendodo y al máximo dirigente andaluz de esta formación, Juan Ignacio Zoido, a quien reclamó que “ponga orden”.
Quintana recordó que Martín Serón se negó a dimitir tras ser condenado aduciendo que había recurrido la sentencia a una instancia superior, por lo que, una vez que el Tribunal Supremo (TS) se ha pronunciado, consideró que no hay razón para que siga al frente del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.
“Martín Serón se ha beneficiado de su cargo y ha practicado una política oscurantista y dictatorial con los vecinos y los otros grupos políticos. Se entiende que la falta de transparencia que le caracteriza tiene por objetivo ocultar qué hace realmente en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande”, concluyó la portavoz provincial de IU.
La defensa del alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, estudia si presenta un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales ante el Constitucional contra la decisión del Supremo que confirma la condena a un año de suspensión por un delito de cohecho.
Fuentes de la defensa del regidor afirmaron a Efe que analizarán con el alcalde la posibilidad de alegar indefensión en un recurso, decisión que depende fundamentalmente de la voluntad de Martín Serón para continuar con el proceso.
En caso de que el alcalde de Alhaurín decida acatar la resolución judicial y no recurrir, se le suspendería en el cargo público durante un año. En cuanto a la multa de 200.000 euros impuesta, las fuentes han indicado que Martín Serón también tendría que abonarla de no presentar un recurso, porque su incumplimiento conllevaría una pena de prisión.
