De la consulta a la reforma

Si la consulta a los electores sobre el futuro político de Cataluña que propone el gobierno de Artur Mas tiene que ser legal, como el propio presidente aceptó plenamente en el último debate parlamentario sobre la cuestión, y eso depende del Gobierno del PP dirigido por Mariano Rajoy, sabemos ya con casi absoluta certeza que no habrá tal consulta. La opción de convocar entonces unas elecciones al Parlamento catalán que quepa interpretar como un referéndum sustitutorio de la consulta es retórica, pero no jurídica. Tiene una fuerte carga política, porque puede engordar la bola de nieve favorable a un independentismo que es en gran medida reactivo, pero no equivale al referéndum.

Los sondeos sobre intención de voto para unas elecciones de este tipo siguen apuntando a una victoria de los partidos comprometidos a llevar a cabo una proclamación de la independencia de Cataluña por el parlamento que surja de las urnas. Aunque Mas asegura que quiere agotar la presente legislatura, que culmina en 2016, la posibilidad de un adelanto forzado por sus aliados independentistas sigue estando también ahí.

En cualquier caso, el calendario tiene otras citas a fecha fija. Y según vayan verificándose, pueden mover el tablero. En la primavera de 2014, el cuerpo electoral catalán tendrá que expresarse en las elecciones al Parlamento europeo y un años después, en mayo de 2015, lo hará en las elecciones municipales, que en España coincidirán con las autonómicas en 13 comunidades.

Si no puede celebrarse un referéndum legal debe abrirse paso la vía de la reforma constitucional

Lo más probable es que en todo este periodo se vaya superando la perplejidad y la incapacidad de reacción positiva que ha caracterizado la posición del Gobierno de Mariano Rajoy ante la deriva política catalana de los últimos tres años. Aunque solo sea por la inevitable necesidad de responder a los independentistas en los inminentes debates electorales. Incluso en el PP hay dirigentes que, como ayer mismo Alicia Sánchez Camacho, se sienten obligados a lanzar propuestas que salgan al paso de lo que no cesan de calificar como reto o desafío catalán.

El movimiento independentista ha adquirido una posición muy hegemónica en Cataluña y ha conseguido que las reacciones positivas expresadas más allá del Ebro hacia las demandas catalanas pasen desapercibidas, sean ignoradas. Pero lo cierto es que ha habido muchas y algunas son políticamente relevantes.

Sucedió ya en 2006 que las posiciones de Izquierda Unida, entonces liderada por Gaspar Llamazares, estaban perfectamente en línea con la voluntad de profundizar y avanzar en el desarrollo del modelo autonómico que representaba la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Hace apenas medio año, en mayo de 2013, la IU de Cayo Lara lanzó una declaración en favor del reconocimiento de la plurinacionalidad y el plurilingüismo en un Estado español federal.

El PSOE ha sentido también la necesidad de moverse y ha avanzado nada menos que una propuesta de reforma de la Constitución, también en clave federal. Aunque cada movimiento en el PSOE pone inmediatamente en evidencia la existencia en su seno de fuertes posiciones jacobinas, lo cierto es que en esta parte del espectro político se levantan voces reclamando afrontar de cara el problema catalán, sin recurrir al inmovilismo en que se ha instalado el PP. Proponer una reforma de la Constitución significa poner muchas posibilidades sobre la mesa. No es poco viniendo de un Pérez Rubalcaba o un Ramón Jáuregui.

Los sondeos sobre intención de voto siguen apuntando a una victoria de los partidos comprometidos a llevar a cabo una proclamación de la independencia

El mayor o menor recorrido de este tipo de respuestas depende en buena parte de que también en Cataluña tome consistencia, crezca y se abra paso lo que en los últimos meses se ha denominado tercera vía.

Comenzó con la propuesta federal del PSC relanzada por Pere Navarro, ha continuado con la reclamación por el líder de Unió Democrática, Josep Antoni Duran Lleida, de que la eventual consulta a los ciudadanos no se limite a una pregunta sobre la independencia e incluya otras opciones. En esta misma dirección apuntan las patronales y los poderes económicos y financieros catalanes, cuyos portavoces no cesan de advertir que la opción independentista no les conviene.

En los próximos meses se podrá calibrar la capacidad de influencia conjunta de estos sectores políticos y económicos.