El juez anula el régimen abierto que Gordó dio a los expresidentes de FGC

Enric Roig y Antoni Herce han disfrutado de un verano apacible. Gracias al tercer grado que les concedió el Departamento de Justicia a principios de julio, los dos expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) condenados a cuatro años y medio de cárcel por malversar 2,7 millones de euros han sido libres durante el día y solo han tenido que volver a prisión de noche, a dormir. Pero el otoño llega sombrío. Un juez de vigilancia penitenciaria ha anulado, a petición de la fiscalía, el régimen de semilibertad del que se beneficiaron Herce y Roig cuando apenas habían pasado 48 días entre rejas.

El juez revoca el régimen abierto por la gravedad del delito y por la “escasa fracción de condena cumplida”, que ni siquiera les ha dado margen para disponer de permisos de salida o someterse a un tratamiento que les rehabilite. Justicia se adelantó un año a lo que es habitual con el común de los presos: es el próximo verano, y no el pasado, cuando los expresidentes de FGC habrán cumplido un cuarto parte de su condena y cuando podrá hablarse de dejarles ir a casa cada mañana.

Los exdirectivos malversaron 2,7 millones de la empresa pública

Roig y Herce actuaron, añade el escrito, guiados por un “ánimo de lucro desmedido” y, lo que el juez considera aún más grave, no han asumido del todo su responsabilidad por los hechos. Roig, que presidió la empresa pública entre 1993 y 1993 “efectúa una aceptación parcial del delito”, según su informe psicológico. Y Herce, que le sucedió un año en el cargo, atribuye la responsabilidad a terceros y “mantiene un discurso de autocrítica que no se corresponde con el contenido de la sentencia”. Mantenerles en prisión es necesario para que adquieran “plena comprensión sobre la ilicitud de su comportamiento”.

El fallo de la Audiencia de Barcelona recoge que, en 1991, los ex altos cargos constituyeron un fondo de pensiones ilegal para directivos a espaldas de la Administración y al margen de cualquier control. Un total de 15 directivos se repartieron 2,7 millones, aunque solo Herce y Roig fueron condenados. Albert Vilalta, que fue consejero de Medio Ambiente en la Generalitat de Jordi Pujol y secretario de Estado de Infraestructuras con José María Aznar, también fue juzgado. Los magistrados concluyeron que prevaricó, pero tuvieron que absolverle porque el delito había prescrito.

Hay “aspectos positivos” que juegan a favor de los dos presos, relata el juez: carecen de antecedentes penales, tienen sólidos vínculos familiares y están dispuestos a abonar la responsabilidad civil. Roig, por ejemplo, ha ofrecido dos fincas y se ha comprometido a efectuar “pagos mensuales”. Herce también realiza pagos periódicos. Pero las “circunstancias negativas” pesan más a la hora de decidir, dice el juez, que recuerda la “naturaleza de la infracción criminal” y lo elevado de las penas. Solo en “circunstancias muy excepcionales”, que no se dan en este caso, podría concedérseles ahora el tercer grado de forma ten prematura, razona.

El juez critica que se “vacíe de contenido” una condena

El régimen abierto fue acordado de forma unánime, el 4 de julio, por la junta de tratamiento de Quatre Camins (Granollers). Los técnicos valoraron que era la primera vez delinquían, pero también su edad —son ancianos—, el tiempo transcurrido y su adaptación al régimen carcelario. También aludieron a su “esfuerzo reparador”, aunque aún no han pagado ni una cuarta parte de los 2,7 millones.

Al día siguiente, la Dirección General de Servicios Penitenciarios acordó clasificarlos en tercer grado. Herce y Roig fueron trasladados al centro abierto de Barcelona. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, avaló la decisión porque está amparada en “la legalidad vigente” y descartó cualquier trato de favor.

El juez del juzgado de vigilancia penitenciaria número 6 de Cataluña, Esteban Farré, critica en su auto —que puede ser recurrido— que la administración “convierta una pena privativa de libertad en una pena restrictiva de libertad”, lo que a su juicio “vacía de contenido” una sentencia condenatoria. Farré coincide con las tesis de la fiscalía, que vio en el arrepentimiento de Roig y Herce más “un temor al castigo que un rechazo” del delito. Ese temor quedó patente cuando, para evitar el ingreso en prisión, solicitaron el indulto al Gobierno central. El Ejecutivo no lo concedió y la Audiencia de Barcelona ordenó su encarcelamiento.