El Ayuntamiento evita fijar un método objetivo para repartir sus subvenciones
La nueva ordenanza omite los criterios que ordena incluir la ley estatal, según denuncian los propios informes técnicos municipales
El Ayuntamiento de Madrid (PP) aprobó el 30 de julio el proyecto de ordenanza que regulará la concesión de subvenciones, cumpliendo así el mandato de la ley 38/2003 y su reglamento de 2006, toda vez que la norma regional, de 1995, “no incluye en su ámbito de aplicación” las ayudas de los Gobiernos locales.
El Ayuntamiento recalca las bondades de la ley estatal para solventar “lagunas” “muy relevantes” y asegurar la transparencia, rigor y control en la concesión de ayudas. Sin embargo, a la hora de trasladarla a su nueva ordenanza, omite puntos obligatorios de la ley, según se desprende de sendos informes preceptivos redactados por las direcciones generales de Régimen Jurídico y de Relaciones con el Pleno.
Estos informes coinciden en que la ordenanza omite los apartados c, e, f, y g del artículo 17 de la ley estatal, que obligan a determinar “las condiciones de solvencia y eficiencia” de las personas físicas que solicitan la subvención; “los criterios objetivos de otorgamiento y, en su caso, ponderación de los mismos”; “la cuantía individualizada o criterios para su determinación”, y “los órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento”.
Denuncia de UPyD
El líder municipal de UPyD, David Ortega, critica que se “obvie” una ley estatal, “con el agravante de que la consecuencia de la irregularidad es la pérdida de control sobre el procedimiento para otorgar subvenciones y las garantías sobre el uso de dinero público”. El área municipal de Hacienda ha declinado responder a este diario, a la espera del debate político del texto, pero ha recalcado que el informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento es favorable.
El Ayuntamiento concede subvenciones para proyectos “con el fin de fomentar una actividad de utilidad pública o interés social”, entre otros ámbitos, para la rehabilitación de viviendas; protección medioambiental; creación de empleo; fomento de la cultura, el deporte o el asociacionismo vecinal; atención a mayores o sectores sociales desprotegidos, etcétera. En los presupuestos de 2013 figuran, entre otros beneficiarios, la candidatura olímpica (3,9 millones); la Asociación de Víctimas del Terrorismo (32.000 euros); el CSIC (17.400 euros); el Teatro Real (660.000 euros); CC OO, UGT y la patronal (647.000 euros); Cruz Roja (4,6 millones), Caritas (1,1 millones), etcétera.
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