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El Consello de la Xunta multiplica los acuerdos sin valor económico ni legal

La última reunión aprueba solo 150.000 euros y seis informes propagandísticos

El presidente de la Xunta tras la reunión de su gobierno
El presidente de la Xunta tras la reunión de su gobierno EFE

El Gobierno gallego ha multiplicado por cinco en sus reuniones semanales la divulgación de informes propagandísticos sin valor legal ni inversión real al tiempo que oculta sus decisiones más polémicas, que solo trascienden tras investigaciones periodísticas. Ayer el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo batió su récord por abajo al aprobar apenas tres acuerdos con repercusiones legales, de los que solo uno estaba dotado económicamente para entregar a la Catedral de Santiago 150.000 euros. En la misma sesión divulgó seis informes propagandísticos sin trascendencia jurídica.

Los Consellos de la Xunta pueden aprobar proyectos de ley, decretos o acuerdos, figuras legales con un trabajo jurídico previo y repercusión sobre la vida real de los ciudadanos, ya sea a través de inversiones, subvenciones o regulaciones. Pero también pueden tratar informes, documentos sin validez legal que no tienen que ser aprobados, que pueden llegar a ser orales y que son usados por el presidente de turno para poner de relieve algún tema sobre el que le interese pronunciarse personalmente, orientando así la agenda política e informativa.

Todos los gobiernos han recurrido a esos informes de autobombo, ya sea para alejar la atención de otras cuestiones conflictivas o para tapar la falta de contenido real de sus reuniones. Pero su uso aumentó desde que la crisis ha estrangulado las cuentas públicas, y los Consellos se suceden sin contenido legal ni inversiones.

Manuel Fraga podía difundir hasta una veintena de informes por reunión. Feijóo se queda lejos, pero ha multiplicado por cinco su uso con respecto al bipartito de PSOE y BNG. Como comparación, Emilio Pérez Touriño presidió en su último año 47 Consellos en los que se divulgaron 29 informes sin valor jurídico, a una media de 0,6. En los cuatro primeros años de Feijóo se celebraron 176 Consellos con 529 informes, a una media de tres por reunión. Y en lo que va de segunda legislatura hubo ya 40 consellos con 135 informes, a 3,37 por reunión. Si Touriño recurría a la propaganda una vez cada dos Consellos, Feijóo lo hace tres veces por reunión.

En la primera legislatura de Feijóo hubo Consellos con hasta ocho informes propagandísticos (25 de marzo de 2010 y 4 y 18 de octubre de 2012) mientras que en esta el récord es siete (16 de mayo y 27 de septiembre de este año).

Ayer fueron seis los informes divulgados, que permitieron a Feijóo anunciar ya medidas de flexibilidad horaria para los funcionarios, financiación para la vendimia o apoyo a las familias desahuciadas, entre otras. Pero lo único que se aprobó realmente fue una modificación urbanística en una calle de Maside (Ourense), los estatutos de la Academia de Enfermería de Galicia y la entrega de 149.828,79 euros a la Catedral de Santiago para acondicionar una sala de exposiciones. Otros ejemplos de bajas inversiones, aunque superiores a las de ayer, se registraron el pasado 19 de septiembre, con 170.000 euros, o el 12 de abril del año pasado, con 750.000, pero en Consellos que aprobaron otras cuestiones relevantes.

Mientras divulga informes propagandísticos y reduce inversión, el Consello ha llegado a aprobar acuerdos con validez legal que ha ocultado. Así sucedió con el perdón de una multa de tres millones de euros al diputado popular y promotor inmobiliario Telmo Martín, acuerdo del 24 de noviembre de 2011 y que no trascendió hasta el 16 de abril de 2012, cuando lo publicó este diario. Similar proceder siguió el Gobierno cuando aprobó en secreto, en su reunión del 4 de agosto de 2011, la recalificación de 173 hectáreas de bosque en Guitiriz para un macrogeriátrico privado. O cuando renunció a llevar a juicio a la empresa Brenntag por el desastre ecológico del río Umia, acuerdo del 8 de marzo de 2012 que aquel día ocultó. En secreto la Xunta también ha regularizado viviendas y piscifactorías ilegales, subido tasas o modificado entes públicos.