Administración de injusticia

En un país donde una juez puede escribir en la página cuatro de un auto que como tal “no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación o inculpación” y seis páginas más adelante que “procede comunicar la existencia del presente procedimiento en calidad de imputados” a diversos aforados, sin que a ninguna autoridad judicial se le pase por la cabeza que eso pueda ser una prevaricación, no cabe tener mucha confianza en la justicia.

Pero si hay algo que la carcome, además de este tipo de cosas, es la dilación en la resolución de los casos y, sobre todo, que la justicia se resuelva con la prescripción escandalosa de delitos flagrantes o cometidos por quien tiene influencia o relaciones privilegiadas con la magistratura o el poder político o económico, como tantas veces viene ocurriendo.

La necesidad de contemplar la prescripción de los delitos en el ordenamiento jurídico (aunque no de todos) es clara. En primer lugar, porque los efectos que se desea que tenga la declaración de una responsabilidad varían con el tiempo y si la sentencia se produce con retraso se percibirá como injusta y su capacidad de prevenir conductas, de modificarlas o sancionarlas disminuirá o incluso puede llegar a ser nula. En segundo lugar, porque todos tenemos derecho a la seguridad jurídica y a ser juzgados con equidad. Es también elemental que el paso del tiempo aumenta la incertidumbre de todo tipo y que el retraso en la sentencia puede producir una estigmatización exagerada o desproporcionada. Y, desde un punto de vista más técnico, porque el paso del tiempo puede hacer que sea más difícil obtener pruebas, lo que también podría poner en peligro el legítimo derecho a la defensa.

Sin embargo, es evidente, que la prescripción produce, por el contrario, un efecto muy negativo cuando el mal funcionamiento de la administración de justicia impide condenar las conductas que la sociedad quiere que sean sancionadas. Puede esto ocurrir por accidente o porque sea materialmente imposible que los jueces atiendan en su momento a todos los procesos que tienen que resolver, pero también porque se produzca una dilación deseada, urdida estratégicamente para no condenar a delincuentes notables.

La solución a estos efectos perversos no puede ser solamente la oferta que habitualmente se propone: aumento del gasto, de los efectivos humanos y de los recursos materiales, y mejor organización de la oficina judicial. Seguro que eso es imprescindible para evitar que en España siga habiendo decenas de miles de sentencias atascadas, pero no se puede olvidar que aquí tenemos un número de jueces parecido al de Francia o Italia y peores rendimientos, y que se ha podido comprobar que en algunas etapas en que ha aumentado su número ha disminuido el de sentencias por juez y elevado el coste por sentencia de nuestra administración de justicia.

Tampoco es solución la del actual Gobierno del PP, reducir el colapso judicial encareciendo la provisión del servicio público, pues así solo se consigue una menor protección de nuestros derechos.

Algunos expertos proponen que se deleguen algunas funciones de los jueces a otros órganos administrativos especializados o funcionarios públicos y que se reordene territorialmente la administración judicial, los economistas que analizan este tipo de cuestiones recomiendan incentivar que muchos litigios se resuelvan en otros ámbitos extrajudiciales, y casi todos coinciden en mejorar nuestras leyes procesales que son encorsetadas y costosas.

Pero me temo que todo eso es insuficiente cuando hablamos de algo que no ocurre por casualidad ni por escasez de medios. Para evitar la ignominia y la repugnancia que provoca que reos con poder eviten ser condenados por prescripción de sus delitos es necesario el control social de la magistratura. Solo eso dará fuerza para actuar con firmeza contra los jueces que lo propician y que prostituyen su oficio al ejercerlo como corruptos administradores de injusticia.

@juantorreslopez