Antonio Lozano sostiene que su imputación es “descabellada”

El exviceconsejero de Presidencia de la Junta Antonio Vicente Lozano ha recurrido la fianza de responsabilidad civil de 46,6 millones que le impuso la juez que investiga los ERE irregulares. Este alto cargo entiende que dicha medida cautelar es "prematura, discriminatoria y desproporcionada" y que la imputación de los delitos de prevaricación y malversación es "rocambolesca y descabellada".

En el recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial de Sevilla, el abogado de Lozano, José María Mohedano, pide la nulidad del auto donde la magistrada Mercedes Alaya le impuso dicha fianza civil ante la "inexistencia de indicios racionales de criminalidad", pues incluso partiendo "a efectos hipotéticos de que dichos indicios" pudieran ser "suficientes" para mantener la imputación, los mismos "no tienen la suficiencia ni la entidad ni la relevancia necesaria como para sostener la elevadísima y desproporcionada" fianza.

"Solo los indicios más contundentes pueden fundamentar las medidas reales", asevera el letrado, recordando que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta "han apreciado en Lozano la existencia de esos indicios reforzados o superiores y, en su virtud, ninguna medida han solicitado para él". Mohedano insiste en que la instructora "ha adoptado determinadas medidas cautelares civiles" con su cliente "sin que ninguna parte legitimada para el ejercicio de la acción civil las haya solicitado: ni la representación legal de la Junta, que es la verdadera perjudicada por los hechos, ni por supuesto el Ministerio Fiscal". Dos acusaciones populares —PP y Manos Limpias— si las reclamaron, pero el letrado considera que "carecen de legitimación alguna".