La Guardia Civil ve posible delito de Monteseirín en la gestión de ayudas
Los patronos de la Fundación DeSevilla "no tomaron las medidas" necesarias, según la UCO
La Guardia Civil cree que el exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y el resto de patronos de la extinta Fundación DeSevilla entre 2008 y 2011 podrían haber incurrido en “responsabilidades penales” por su gestión en esta entidad.
El grupo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UCO) ha entregado al juez que investiga irregularidades en la gestión de la fundación una ampliación de atestado en la que sostiene que los patronos de DeSevilla eran “sobradamente conocedores” de la situación económica de la entidad y “no tomaron las medidas que solucionaran las deficiencias detectadas año tras año”.
En la causa que investiga el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla ya están imputados el exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, citado a declarar el próximo 18 de noviembre; Miguel López Adán, exdirector gerente de la fundación; y Carlos Vázquez, secretario provincial del PCA y exdelegado municipal no electo de Economía en el anterior mandato.
Además de Monteseirín, en estos años fueron patronos de la fundación, entre otros, los exdelegados municipales Emilio Carrillo (PSOE), Alfonso Mir (PSOE), Jon Ander Sánchez (IU) y Manuel Marchena, que ocupó diversos cargos en el gobierno socialista, entre ellos el de vicepresidente de la Asociación de Interés Económico que agrupaba a las empresas municipales.
Según el escrito de la UCO, de los hechos investigados se desprenden “cuando menos” la existencia de delitos societarios y contra la Hacienda Pública de los patronos de la fundación. Los votos de todos ellos, advierte la UCO, “eran determinantes para continuar o no con esa línea de actuación que ha desembocado en la apertura de diligencias previas”, señala la Guardia Civil.
La UCO afirma además que la Intervención municipal “reiteradamente” advertía de irregularidades en las subvenciones y en los convenios de colaboración que suscribía DeSevilla, pero las ayudas fueron aprobadas “sin ser tenidos en cuenta” sus consejos. La Guardia Civil considera también que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento “estaba o tendría que estar al corriente” de los informes negativos de la Intervención e “hizo caso omiso” de sus conclusiones al aprobar “una y otra vez las subvenciones solicitadas” por DeSevilla.
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