Baltar fue incapaz de justificar ante Bruselas sus adjudicaciones a dedo

El presidente de la Diputación Provincial de Ourense, José Manuel Baltar, del PP, contraatacó en enero de este año con vagas justificaciones teóricas al primer informe de los técnicos de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea (UE) que alertaba de que tenía “sospechas suficientemente fundadas” de que su padre y predecesor, José Luis Baltar, había “cometido fraude, corrupción u otros actos ilegales” en la gestión de los fondos estructurales. La OLAF, que ahora acusa de varios delitos al expresidente del organismo provincial, las ha desmontado todas. El hijo y sucesor de Baltar se emplea en la elaboración de unas nuevas alegaciones mientras pone en marcha en la Diputación una comisión de investigación de la que se ha descolgado alegando razones de “alto grado de parentesco” con su padre y predecesor en el cargo. La investigación la realizarán solo dos diputados, ambos del PP, una vez que la oposición ha renunciado a participar en ella. Como secretario de la comisión actuará el funcionario que ha desempeñado ese mismo cargo en las oposiciones en las que se han denunciado enchufes masivos.

 Tras comprobar en 2012 que el cacique ourensano había diseminado por la provincia más de un centenar de depuradoras contratadas a dedo con fondos comunitarios (los planes Daredo y Deputrans) a la firma viguesa SMA, pese a que su oferta era más cara que la de su competidora, los técnicos de anticorrupción de Bruselas dieron a su hijo y sucesor la primera oportunidad para alegar. Este canceló la cuestión presentando unas observaciones en las que, tras poner el énfasis en que el informe de la OLAF no estaba fechado ni firmado, concluía que la elección de SMA respondía a “una evaluación teleológica” y precisaba que de no haber optado por esta empresa se habrían “generado costes y problemas de gestión” con las depuradoras que ya entonces los alcaldes apenas encendían porque disparaban el consumo de electricidad.

Los inspectores de Bruselas no han aceptado ninguna de las alegaciones con las que el segundo de los Baltar intentó justificar el gasto de más de 13 millones de euros (10,1 aportados por la UE, que ahora los reclama y que denuncia a la Diputación por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público) en la adjudicación de las depuradoras a la compañía viguesa a la que, según concluye ahora la OLAF, su padre concedió a dedo el concurso. El informe desmonta una por una las observaciones, precisa que la institución ourensana incurre en “contradicción” y concluye que Baltar “no aclara” por qué SMA disponía de información privilegiada cuando se presentó al concurso de la Diputación.

Los inspectores contra el fraude de la UE responden con contundencia a las alegaciones. Así, precisan que en ellas Baltar atribuye a “a un error material” la fecha de las certificaciones de las adjudicatarias cuando la OLAF ha podido comprobar que en el documento presentado por la Diputación “el mes ha sido modificado, siendo el tipo de letra distinto del resto del documento”. “Se aprecia el líquido corrector”, detallan.

Con este varapalo a sus primeras alegaciones, con las que aseguró que frenaría cualquier acusación de la UE, el presidente-sucesor se emplea ahora en la elaboración de la siguiente respuesta a Bruselas al mismo tiempo que reclama la prescripción de los delitos que la OLAF atribuye a su padre. Mientras tanto pone en marcha la comisión de investigación que siempre negó a la oposición. Se constituirá el próximo jueves, el mismo día en el que BNG y PSdeG anuncian que registrarán su denuncia penal.

Con la negativa de socialistas y nacionalistas a participar “en este paripé” serán finalmente dos diputados del PP —el vicepresidente de la Diputación y secretario general del PP de Ourense, Rosendo Fernández, y el portavoz del grupo en la institución, Plácido Álvarez— quienes investiguen si Baltar padre y su equipo delinquieron al conceder a SMA la adjudicación de las depuradoras. El actual presidente ha tenido que renunciar a presidir la comisión “por razones de alto grado de parentesco” con su predecesor, ha explicado a este diario el portavoz popular. Álvarez sostiene que el secretario de la institución, Francisco Cacharro, se ha visto igualmente obligado a renunciar a ejercer su papel en esta comisión porque participó como tal en el proceso a investigar. De esta forma, ejercerá de secretario de la comisión el asesor jurídico de la Diputación, exalcalde de Nogueira de Ramuín y uno de los máximos responsables de los procesos de oposiciones de esta institución, José Eugenio Galindo.