Castedo cede su autonomía financiera para rebajar la deuda y tener liquidez

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, se despojó este viernes de la mayoría de sus responsabilidades financieras. Por un lado, a partir de ahora, Suma, un organismo dependiente de la Diputación de Alicante, se encargará de recaudar las tasas y tributos municipales. Y el nuevo plan de pagos a proveedores del Gobierno, aprobado este viernes solo por el PP, obliga al Ayuntamiento a someterse a la vigilancia y control de los técnicos del Ministerio de Hacienda, que cada mes inspeccionarán las cuentas municipales.

La elevada deuda financiera (233 millones de euros) y los 31 millones de facturas pendientes de pago situaban al Ayuntamiento de Alicante al borde de la bancarrota. Ahora con una inyección económica de 27 millones de euros, que llegarán en las próximas semanas, se podrán pagar facturas y cubrir remanentes negativos. Pero esto supone una hipoteca financiera para los próximos diez años y la subida de los tributos, ya que la mayoría de servicios (todos menos el transporte) se deberán financiar directamente a través de las tasas municipales.

En el pleno ordinario celebrado este viernes, el concejal de Hacienda, Juan Seva aseguró que acogerse al plan es “lo mejor que se puede hacer” ya que se pagarán las deudas a proveedores, se cerrará el ejercicio con un remanente positivo y se equilibrarán las cuentas. “Así, podemos mantener los servicios esenciales”, aseguró Seva quien descartó que esto suponga una subida “brutal y generalizada” de los impuestos, cuyo incremento se analizará con detalle. “Igual nos encontramos sorpresas, y no hay que subir tantas tasas como dicen”, reconoció el edil.

Suma cobrará los tributos y pagará cada mes seis millones de euros

El PP se agarró la caída de ingresos por la crisis económica para argumentar el actual descontrol presupuestario. “Sería irresponsable no acogerse”, aseveró Seva, quien criticó los mensajes “catastrofistas” de la oposición. Y es que en el pleno los portavoces del PSPV, EU y UPyD coincidieron en su rechazo a este rescate, y sobre todo a las consecuencias que tendrá para los bolsillos de los alicantinos. “Sus palabras no valen, sufriremos una subida brutal de impuestos, el Ayuntamiento perderá su autonomía financiera y se hipoteca una década las cuentas municipales”, dijo Miguel Ángel Pavón, de Esquerra Unida, quien pidió en sendas ocasiones la dimisión de la alcaldesa y del concejal de Hacienda por su “nefasta” gestión económica.

El portavoz socialista, Miguel Ull, lamentó las “consecuencias catastróficas” de estas “medidas excepcionales” que se adoptan por su “mala gestión”. Fernando Llopis, de UPyD, criticó que el Ayuntamiento esté “intervenido por el ministerio de Hacienda”.

En el debate, el edil de EU desveló que de los 6 millones previstos con el nuevo crédito del ICO que avalará la Generalitat, casi tres millones irán destinados a pagar facturas de las empresas participadas por el promotor, Enrique Ortiz.

El pleno también aprobó, solo con el apoyo del PP, el convenio con Suma para gestionar la recaudación voluntaria de tributos municipales. El Ayuntamiento pagará cada año 2,5 millones de euros por los gastos de gestión a la empresa de la Diputación, y las arcas municipales recibirán cinco millones de euros cada mes, entre enero a mayo, y el resto al final del año.

La oposición exige la dimisión del edil de Hacienda por su “nefasta” gestión

La oposición defendió la labor de los técnicos municipales de Hacienda y pidió que siguieran gestionado ellos los tributos. Llopis echó en cara que el acuerdo suponga un gasto de más de dos millones de euros y Pavón denunció que “detrás de esta falta asfixiante de dinero estén determinados empresarios con contratas ruinosas y los intereses de los bancos”.

Por su lado, Ull lamentó “la incertidumbre” que para el personal del área de cobros genera el nuevo acuerdo. Y es que 15 funcionarios del Ayuntamiento voluntariamente podrían integrarse en Suma. Seva avaló el convenio con un informe de la intervención municipal que alaba las gestiones de la empresa y “la liquidez” que generará al Ayuntamiento.

El largo pleno, que duró más de cinco horas, tuvo también dos momentos de tensión. La protesta de unos 50 funcionarios municipales que demandaban la catalogación de sus puestos de trabajo obligó a la alcaldesa a desalojar al público del salón de plenos. Y otra protesta en la calle de un grupo de trabajadores del puerto de Alicante acabó con la agresión al nuevo concejal de Esquerra Unida, Daniel Simón, al que le rompieron la camisa y arañaron, cuando bajó a ver qué pedían. Esta formación política presentó una moción exigiendo mayor control en la descarga de graneles en el puerto. Y eso no gustó nada a los trabajadores del puerto.