El PSM critica la “continua” falta de respuestas de la Comunidad sobre Gürtel

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite un recurso del PSOE conforme a la “protección de derechos fundamentales de la persona” ante la negativa del Gobierno regional a facilitar a la oposición la documentación que reclaman en la Asamblea de Madrid sobre los contratos troceados de la trama Gürtel, liderada por Francisco Correa, y en general a pronunciarse sobre las preguntas referentes a la red corrupta. La decisión judicial, de finales de julio, parte de las alegaciones de los socialistas madrileños en las que resaltan que el Consejo de Gobierno “deberá, en plazo no superior a 30 días, facilitar los datos, informes o documentos solicitados o manifestar las razones fundadas en Derecho que lo impidan”. Precisamente a finales de la semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz solicitó al Ejecutivo autonómico la documentación de 71 de los 317 contratos que ya reclamó en mayo de 2012 sobre las adjudicaciones a empresas de Gürtel entre 2004 y 2006. El responsable del juzgado central de instrucción número 5 demanda “toda la documentación que obre en su poder” de eventos de lo más variado, que van desde la colocación de la primera piedra de una decena de hospitales, una cumbre internacional de terrorismo en 2005 o la presentación de la Vuelta a España de un año después.

Ruz, instructor del caso Gürtel, apunta que las diligencias están “dirigidas de manera especial a impulsar, simplificar y permitir la próxima conclusión de la instrucción en curso”. Para ello, entre otros procedimientos, solicita a la Agencia Tributaria la situación patrimonial de Teresa Gabarra, esposa de Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre acusado de cobrar comisiones de la trama. Ruz también ha ordenado una prueba caligráfica a Isabel Jordán, administradora de varias firmas de la trama, y ha citado para el 9 de octubre a declarar como testigo a Joaquín Molpeceres, que avaló un préstamo de 1,6 millones al exconsejero de Deportes.

Aparte de la documentación que el PSOE y el resto de partidos de la oposición vienen pidiendo en el Parlamento regional sin resultado, la Mesa de la Asamblea, que el Partido Popular controla con su mayoría de representantes, se ha convertido en un obstáculo prácticamente insalvable. La Mesa de la Cámara está compuesta por siete miembros: cuatro del PP (el presidente del Parlamento regional, José Ignacio Echeverría; Jacobo Beltrán, Rosa Posada y Carlos González), uno del PSOE (Juan Barranco), uno de IU (Antero Ruiz) y uno de UPyD (Enrique Normand).

Entre las últimas peticiones de información de los socialistas, que lamentan la “continua falta de respuestas”, están dos que afectan al exconsejero de Deportes. “¿Ha cuantificado la Comunidad de Madrid el perjuicio económico ocasionado a la Comunidad de Madrid por Alberto López Viejo? ¿Qué acciones judiciales va a emprender?”, registró en agosto como “pregunta para contestación oral ante el Pleno” la diputada regional Maru Menéndez. Frente a las críticas de la oposición a la Administración, el PP argumenta que el caso Gürtel está sub judice y que tantos las preguntas y documentación solicitadas por la oposición pertenecen a legislaturas anteriores y ya se trataron en ellas.

La policía calcula en unos 400.000 euros la mordida de López Viejo, que montó casi 350 actos para el Gobierno de Aguirre, en los que contaba con una comisión del 10%. La esposa del exconsejero, con cuentas en Suiza en francos, libras y euros también está imputada, en su caso por un delito de blanqueo.