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La investigación de Invercaria salpica ya a toda la cúpula de la empresa pública

El Tribunal de Cuentas da carpetazo a la investigación por delito contable

Javier Martín-Arroyo
El expresidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo, en los juzgados.
El expresidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo, en los juzgados. PACO PUENTES

El juez del caso Invercaria, Juan Gutiérrez, ha imputado a la cúpula de la empresa pública de la Junta dedicada al capital riesgo, por su participación en las operaciones de inversión en la compañía FIVA (Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía). Con estas cinco nuevas imputaciones a los miembros del Consejo de Administración de Invercaria por malversación y delito societario, la causa acumula ya 14 personas acusadas, entre ellos los expresidentes Tomás Pérez Sauquillo y Laura Gómiz, informó Abc. El magistrado considera que la cúpula de la empresa estuvo al tanto de las inversiones supuestamente irregulares en FIVA, un portal en Internet sobre ferias virtuales que careció de página web por múltiples problemas con la salida del proyecto de la firma Novasoft.

“Tuvieron conocimiento y participación en la decisión de realizar las operaciones de inversión descritas que pudieran ser constitutivas de un presunto delito de malversación y delito societario", detalla el magistrado en su providencia del pasado 19 de septiembre.

Los miembros del consejo de administración de Invercaria imputados, Juan Vela, Ramón Martín, Isabel de Haro, Jacinto Cañete y Bienvenido Martínez, comparecerán en el juzgado a finales de octubre para aclarar su conocimiento de las operaciones en FIVA respecto a la salida de Novasoft. La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de la cúpula de la empresa y ahora el juez ha seguido dicha petición para imputar a los exdirectivos. Además, la fiscalía ha pedido que la Comisión Nacional del Mercado de Valores designe a dos técnicos para que analicen las operaciones de Invercaria “dada la complejidad técnica de la documentación”, y que se amplíe la pericia ya encomendada a la Intervención General del Estado.

Además, el juez ha requerido a Invercaria tres correos sobre el convenio entre la empresa pública y la agencia Idea, para lo que le otorga cinco días de plazo. En paralelo, le pide que entregue los contratos de trabajo desde la creación de Invercaria en 2005 hasta el año 2012, así como la documentación y correos electrónicos que aportó Laura Gómiz y Manuel Rodríguez para incriminar al exdirectivo Cristóbal Cantos. Este exdirectivo, ahora director financiero de la Zona Franca de Cádiz, entregó al juez unas controvertidas grabaciones ocultas realizadas en el despacho de Gómiz.

Mientras, el Tribunal de Cuentas ha dado carpetazo a la investigación abierta por responsabilidades contables por la contratación de tres empleados y los gastos en comidas del presidente de la sociedad entre 2005 y 2010, Pérez Sauquillo, por 25.000 euros en 2009. Este expresidente es el principal beneficiado por esta decisión, ya que los gastos efectuados con su tarjeta fueron censurados por el PP de manera tajante. Esta decisión del tribunal, tras la investigación preliminar, la liquidación preliminar, el juez José Manuel Suárez supone el cierre de una causa por supuesto manejo irregular de fondos públicos. “Inexistencia de caso alguno de responsabilidad contable”, concluye el magistrado en su auto.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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