El pleito de la constructora eleva a 170 millones el aeropuerto de Castellón

Nada en el aeropuerto de Castellón ha acabado saliendo como debía, o como lo había planeado el expresidente de la Diputación, Carlos Fabra. La Generalitat va a pagar íntegramente la obra, que no iba suponer desembolso alguno, puesto que la iniciativa privada recuperaba toda la inversión con una explotación a 50 años. Una sentencia obliga ahora al Consell a pagar 120 millones que se suman a otras facturas asumidas por 50 millones en indemnizaciones, sobrecostes y obras externas al recinto aeroportuario. Eso sin contar los gastos de funcionamiento de Aerocas. La empresa pública ha ido asumiendo estos gastos durante años de buena relación con la concesionaria (Conaer). La negativa de la Generalitat a una última pretensión económica ha acabado en divorcio millonario. ¿Qué ha pasado para que todo saltara por los aires?

El fallo de un juzgado de Castellón da las claves de una ruptura que surge cuando la Generalitat decide poner fin a años de “generosidad” acuciada por los obstáculos para que el proyecto sea viable. Paradójicamente, la decisión de no ceder ante una petición de Conaer de nueve millones más ha terminado saliendo muy cara.

Carlos Fabra buscó, para cumplir su sueño, a empresarios dispuestos a embarcarse en un proyecto a priori atractivo. En mayo de 2003 se publicó el primer pliego y la obra se adjudicó en octubre a la única oferta (Lubasa, FCC y PGP Asociados) por 127 millones. Dos meses después, Aerocas formalizó el contrato e introdujo nuevas cláusulas que, según advirtió la Sindicatura de Cuentas, obligaban a una nueva licitación. Entre ellas, el deber del restablecimiento económico y la concesión de un préstamo participativo. El contrato tuvo otras modificaciones posteriores a petición de Conaer. Nunca hubo conflicto.

Aerocas mostró “generosidad” ante los incumplimientos de la concesionaria

En la sentencia, Aerocas reconoce que ha mostrado “generosidad” ante los “incumplimientos” de la adjudicataria, que la recepción de las obras fue “un acto de buena fe” a pesar de que faltaban una veintena de trabajos por hacer y que la novación del contrato de marzo de 2011 “era beneficiosa para la concesionaria”. La empresa pública que dirigía el exdirigente castellonense ya había aceptado antes pagar 18,15 millones que Conaer pidió, sin justificar, por pérdidas por las paralizaciones del Ministerio de Fomento. También asumió 11,18 millones en sobrecostes en 2009 y trabajos por valor de 20 millones como la subestación eléctrica y los equipos de la torre de control y de seguridad. En total, casi 50 millones. Además, pagó el desvío de la línea eléctrica, que no le correspondía.

Con la novación de 2011, la empresa pública accedió a un nuevo escenario por el que asumía 13,5 millones en pérdidas durante los primeros ocho años de operaciones. Pero a estas alturas, Conaer (formada ahora por Globalvía, deFCC y Bankia, Lubasa y PGP) había empezado a abandonar el proyecto ante las dudas de su viabilidad y debido a sus propios problemas financieros. Y Aerocas lo sabía. Así lo demuestran un mail enviado en junio de 2010 para insistir en la necesidad de ampliar la pista y la plataforma de viraje, y otro al mes siguiente donde alertaba de los graves errores de la documentación que impiden que el aeropuerto obtenga los permisos. Conaer incluso dio plantón en enero de 2011 a la empresa de la Generalitat. Pero la relación tampoco se rompió entonces, se firmó la novación y hubo inauguración electoral. “Llevo 14 años imaginando cómo sería el día de hoy”, dijo Carlos Fabra ese día.

Fabra sabía, cuando inauguró la pista, que Conaer empezaba a abandonar

A partir de entonces comienzan las tensiones. Aerocas presiona para que se acaben los trabajos y la documentación. Mientras, Conaer cambia unilateralmente las condiciones pactadas (por la presión de las entidades bancarias) y presenta un documento que aumenta de 13,5 a 22,60 millones las pérdidas a asumir por el Gobierno valenciano en los primeros ocho años. El juez considera que es esta actitud la que fuerza la ruptura cuando la Generalitat, que ha pasado a estar presidida por Alberto Fabra, decide no acceder a más aspiraciones.

Carta de Aerocas

El fallo se hace eco, no obstante, de una carta que Aerocas envía a Conaer en noviembre de 2011 en la que no pone pegas a la modificación, pero el consejo de administración no lo aprueba oficialmente, probablemente porque la Generalitat ha decidido plantarse. El mismo Carlos Fabra envió una carta el 29 de diciembre en la que confirmaba a la concesionaria que la Generalitat no aceptaba las nuevas condiciones y que no daría la carta de patrocinio que cerraba el trato. Los argumentos le valieron a Conaer para presentar, ese mismo día, la demanda para reclamar 126,4 millones (luego ampliaría a 132). Al día siguiente la Generalitat informó de la ruptura del contrato.

El fin del conflicto lo ha impuesto el juez: la relación contractual se rompe pero para ello el Consell debe pagar la obra y sobrecostes, una factura de 120 millones. La cifra es diez millones mayor que el pacto al que habían llegado ambas partes pero que no entró en vigor al no poder entrar en el plan de pago a proveedores.