De la Oliva reclama recursos contra la corrupción y el atasco de los juzgados

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, ha denunciado hoy la "insoportable" carga de trabajo de los juzgados valencianos y ha considerado inaplazable "un compromiso serio con la Justicia".

De la Oliva ha reclamado más recursos en el discurso que ha pronunciado con motivo de la inauguración del año judicial, ante el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el vicepresidente y la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa y Gabriela Bravo, respectivamente, entre otras autoridades.

Sobre los asuntos de corrupción, la presidenta del TSJCV ha reclamado "recursos precisos" para los juzgados de Instrucción, puesto que la Comunidad Valenciana está "en posición de cabeza" en este tipo de causas.

"La Sala de Lo Civil y Penal de este tribunal tiene más casos con aforados que cualquier otra homóloga de toda España y es también una de las que menos medios técnicos y humanos tiene", ha advertido De la Oliva.

A su juicio, la situación "de enorme complejidad" que atraviesa la Justicia, con funcionarios que trabajan de forma "heroica", "sigue sin ser una prioridad política". Ha insistido en que algunas de las peticiones formuladas el año pasado "siguen vigentes" y en que "la desesperación de los ciudadanos se deja sentir en los juzgados".

En su opinión, "no es solo una cuestión de dinero que el millón de valencianos con asuntos pendientes en los juzgados no cuente con los medios necesarios para obtener una respuesta". "La seguridad jurídica no está solo en la independencia del juez, cosa garantizada en los juzgados valencianos, sino que es también, con la misma importancia, el tiempo de respuesta adecuado y la calidad en la respuesta", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que la inspección del CGPJ ha señalado recientemente la necesidad de crear en Valencia 11 juzgados de lo Social frente a los 17 actuales, con lo que se propone "casi duplicar los ya existentes" porque "no puede se puede admitir que un Estado democrático no sea capaz de resolver los problemas entre empleador y empleado".

"Decenas de miles de personas deben esperar más de un año para conocer un fallo en primera instancia. ¿Qué empresa valorará esto para instalarse en España? ¿Qué mercantil quiere esperar al menos un año para saber si tiene razón en su reclamación por impago ante la Administración pública?", ha aseverado.

"Ya no valen las declaraciones de intenciones, no tenemos tiempo", ha recalcado antes de reivindicar también un refuerzo de los juzgados de Primera Instancia para "recibir la avalancha de demandas por preferentes", como en Galicia o Cantabria. "¿Alguien puede considerar razonable que no se desbloquee ese conflicto en dos años?", ha lanzado.

Como ejemplo de la acumulación de asuntos, ha indicado que el pasado verano la Guardia Civil ha interpuesto casi un centenar de denuncias por alcoholemia que probablemente no se traducirán en penas hasta dentro de dos años. "¿Qué estímulo supone esto para los cuerpos de seguridad del Estado?", se ha preguntado.

En este sentido ha propuesto "mirar" alrededor para "copiar lo bueno" y "apostar seriamente por la mediación extrajudicial".

En definitiva, ha considerado que "este retrato no es, ni mucho menos, el de un servicio esencial en un Estado moderno, ocupado y comprometido con la protección social y el desarrollo".