Nóos, el caso que le faltaba al TSJ

El Tribunal Superior de Justicia valenciano, un caso único en España entre los de su clase porque funciona desde hace cuatro años como un juzgado de instrucción de causas complejas sin contar con la estructura ni medios para ello, se enfrenta estos días a una petición de la Fiscalía Anticorrupción que puede suponer la losa que faltaba para colapsarlo.

El ministerio público solicitó a principios de septiembre al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que asumiera todo el caso Nóos, incluidos los hechos ocurridos en Mallorca, y no solo la parte que afecta a aforados valencianos: la alcaldesa Rita Barberá y el expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

Los dos diputados autonómicos, según Anticorrupción, “se concertaron para eludir dolorosamente la aplicación de la ley de contratos públicos y beneficiar de forma fraudulenta al Instituto Nóos” de Iñaki Urdangarin, que recibió 3,5 millones de euros de las Administraciones valencianas. El juez de Palma José Castro ha apreciado contra ambos indicios de malversación de fondos públicos, fraude, prevaricación y falsedad documental.

Anticorrupción mantiene ahora un criterio distinto del que tuvo en Gürtel

Los cinco jueces del Tribunal Superior valenciano instruyen en estos momentos cuatro causas de corrupción autóctonas subdivididas en numerosas piezas separadas, en las que están imputados nueve diputados autonómicos. Son los casos Gürtel, Brugal, Cooperación y Alperi —por el nombre del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi—. Sumando a los no aforados, en las cuatro causas hay ya más de un centenar de imputados.

Los magistrados disponen de escasos medios materiales —una sola fotocopiadora-escáner por ejemplo— y de un pequeño número de funcionarios, lo que provoca la eternización de los plazos de cada trámite. Una lentitud que contrasta con la velocidad a la que avanzan los sumarios en casos de complejidad parecida no solo en órganos especializados, como la Audiencia Nacional, sino en juzgados de instrucción de la misma Audiencia de Valencia, como el número 15 que investiga el saqueo de la empresa pública Emarsa.

En esas condiciones la Sala Civil y Penal del TSJ debe decidir si acepta hacerse cargo, como quiere Anticorrupción y ha respaldado la defensa de Urdangarin, de todo el caso Nóos, incluidos el supuesto vaciado de fondos públicos que el instituto llevó a cabo en Baleares. Ello supondría que el juez Castro, que ha investigado los hechos durante tres años y ha intentado imputar a la infanta Cristina, quedase fuera de la instrucción, a falta de lo que pudiera decir el Tribunal Supremo ante el eventual planteamiento de un conflicto de competencia.

El ministerio público quiere llevar a Valencia lo sucedido en Baleares

Puede también no apreciar indicios de delito en los aforados. Ello equivaldría a quitarse el caso de encima, terminando con el recorrido de la vertiente valenciana del caso a expensas de nuevo de lo que pudiera decir el Supremo.

Fuentes judiciales admiten en privado que una situación de gran sobrecarga de trabajo puede influir en la actitud con la que los magistrados se enfrentan a una decisión de este tipo. “No es lo mismo que te envíen una causa con 15 presos y muchos tomos que otra causa sin autor conocido, que puede archivarse fácilmente. Es humano que en el primer caso se observe con mucha más atención las posibilidades que puedan existir para no asumirla”, afirman.

El tribunal puede igualmente aceptar solo la competencia sobre los hechos que afectan a Barberá y Camps y sucedieron en Valencia. Ello implicaría asumir el criterio del juez Castro y alejarse del de la fiscalía.

Los magistrados disponen para ello de un precedente reciente. Hace un año el Tribunal Supremo decidió que la investigación sobre varias piezas separadas del caso Gürtel —entre ellas las de la visita del Papa— fuera realizada por el TSJ de la Comunidad Valenciana porque los delitos se habían cometido presuntamente en Valencia, a pesar de que en ellos no habían participado aforados. El Supremo combinó entonces los criterios de aforamiento y territorialidad. Pero no decidió que por el hecho de haber aforados valencianos todo el caso Gürtel —que ha acabado dando lugar también al caso Bárcenas— tuviese que trasladarse al TSJ valenciano. Ni Anticorrupción pidió entonces nada parecido.