Mi imputado es inocente

Escenario uno: Cádiz. La alcaldesa del PP, Teófila Martínez, lee un comunicado con cara circunspecta: “El auto me causa sorpresa e incredulidad. Tengo toda la confianza en él. No voy a tomar ninguna decisión para apartarle de ninguna de sus responsabilidades. Está haciendo una valiosísima labor en la defensa de los intereses de la ciudad”.

Escenario dos: Cartaya (Huelva). El presidente del PP, Juan Ignacio Zoido, afirma: “Lo mejor que podría hacer es presentar su dimisión”.

Escenario uno: Martínez está mostrando su apoyo total, sin fisuras, a su compañero de partido y segundo teniente de alcalde Ignacio Romaní, que acaba de ser imputado por el caso Quality Food. Romaní deberá declarar como imputado ante el juez que investiga la presunta estafa que le costó al Ayuntamiento gaditano 5,3 millones de euros.

Teófila no se corta. Tras el comunicado, que será suscrito y publicitado en su integridad por el presidente del PP gaditano Antonio Sanz, se lamenta del daño personal que se está haciendo a Romaní. Pero no explica por qué una institución pública, el Ayuntamiento que preside, apoyó un proyecto empresarial privado con dinero público. Una empresa propiedad de Manuel García Gallardo, exdirigente del PP y presidente de Nuevas Generaciones de San Fernando cuando fundó Quality Food en el año 2000.

Escenario dos: Zoido está hablando de José Antonio Griñán, aún presidente de la Junta, pues el acto de Cartaya se celebró el 12 de julio. Curioso: el exmagistrado Zoido, compañero de profesión de la juez Mercedes Alaya, parecía adivinar que dos meses después, el 9 de septiembre, la instructora de los ERE fraudulentos iba a imputar sin imputarles a Griñán, Chaves y a cinco exconsejeros en un confuso y controvertido auto.

Pero ni Griñán ni Chaves han sido imputados por Alaya. No puede. Lo reconoce hasta el propio Zoido. Quien sin embargo añade que están “señalados” por la juez, curiosa figura jurídica impropia de alguien que una vez fue magistrado. Su segundo, José Luis Sanz, se ha inventado que son “imputados VIP”.

Mientras, Alaya recibe otro toque, esta vez del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, para que traslade el caso “cuanto antes… al juez natural, predeterminado por la ley”. Es decir, que lo termine y lo remita al Supremo. Más o menos lo mismo que le dice el Fiscal Anticorrupcíón que ha recurrido el discutible auto de Alaya.

Pero aunque Chaves y Griñán no están imputados, el PP, con el apoyo enfervorecido de su prensa palmera, pide su dimisión como diputado y senador, respectivamente. Porque, como sostiene José Luis Sanz , su partido“no está por la labor de promover ningún imputado, ni al Senado ni al Parlamento” andaluz.

Curiosa forma de entender la política. Para el PP hay dos tipos de imputados: los inocentes, que son los suyos y los culpables, que son los demás. A los suyos los arropa y protege. Como hace Teófila con Romaní. O como hace el PP en Valencia, en cuyo Parlamento hay nada menos que 10 diputados del PP imputados, ¡el 20% del grupo parlamentario! A los que pronto pueden sumarse el expresidente Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá. “Señalados”, como diría Zoido, por sus implicaciones en los negocios de Urdangarín. Por cierto: qué poco hablan de los dos hermanos de la ministra Fátima Báñez imputados también por Alaya en otra variante de Mercasevilla.

Para la ciudadanía, es insoportable este doble juego, este alto nivel de cinismo de los partidos, en este caso el PP, capaces de exculpar a sus imputados y condenar al infierno a los del adversario.

Como ha dicho el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, “el PP tiene una cara que se la pisa”.

@JRomanOrozco

ROMÁN

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