Los afectados por las preferentes buscan entrar en el consejo de Novagalicia

Dos años de protesta en la calle, repetidas peticiones de arbitraje que no tuvieron respuesta y el último aldabonazo de las quitas, que en algún caso llegaron al 65%, llevaron a una parte de los afectados por las participaciones preferentes de Novagalicia Banco a arriesgar una última baza y negarse a firmar el documento por el que desistían de reclamar a cambio de cobrar una parte del dinero. Fueron una parte minoritaria de los afectados —2.290, según los datos de la entidad— pero en número suficiente para articular la idea: ya que desde fuera no consiguen recuperar el dinero, los preferentistas quieren entrar en el consejo de administración de la entidad para que su voz se oiga y advertir a los posibles compradores de que el negocio tiene sus cargas.

“Estamos hablando con la gente que no firmó la quita y por tanto es accionista. En total hay sobre el 7% del capital, y en principio con el 5% bastaría para entrar en el consejo”, explica Xulio Vicente, portavoz de la plataforma de afectados de Baixo Miño. La iniciativa fue aprobada en la última reunión de la coordinadora gallega de plataformas en la que participaron representantes de los colectivos de una decena de comarcas de Galicia, así como de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae). “No vamos a ser precisamente silenciosos”, ironiza Vicente, que entiende que a los posibles compradores de la entidad nacionalizada les puede salir a cuenta acabar de devolver sus ahorros antes que tener al enemigo sentado a la mesa.

Entre tanto, el banco aceptó a finales de la semana pasada abrir una nueva fase de arbitraje para atender a esos 20.000 solicitantes —de un total de 61.000— que no recibieron respuesta durante el año que estuvo abierto, de forma intermitente, el procedimiento inicial auspiciado por la Xunta, siempre que hayan llevado el caso al juzgado. El agravio comparativo había suscitado numerosas críticas entre el colectivo de afectados sobre los criterios para acceder al sistema, nunca claramente explicados más allá de cuatro enunciados sobre la falta de perfil inversor o la venta inadecuada como eje. NCG dice ahora que planteará pactar a todos los que reclamen por vía judicial, sin esperar a la sentencia, en los casos en que “con la nueva documentación” se detecten defectos de comercialización o “perfil inadecuado”, teniendo en cuenta los supuestos de “mayor vulnerabilidad personal o económica”.

El banco, que es la entidad que más dinero ha devuelto y que antes puso en marcha el arbitraje, podrá así ahorrarse un dinero en gastos judiciales si se mantiene la tónica en las sentencias de los juzgados, que hasta ahora son mayoritariamente favorables a los afectados. De los 321 casos con sentencia, 204 fueron favorables a los clientes —el 64%— y 114 al banco, pero aún quedan por resolver más de 2.400 pleitos, según las propias cuentas de la entidad. En los tribunales los afectados han recuperado 8,6 millones de euros, lejos de los en torno a 500 que las plataformas consideran que aún están en el limbo.

Entre esos casos de perfil inadecuado probablemente esté el de Jesús García Parafita, que tras pasarse un año esperando confía en que el juzgado tenga en consideración su falta de estudios, su 73% de invalidez y el informe psicológico que explica que no tenía capacidad para contratar productos financieros complejos. “Mandamos varios escritos al banco indicando su estado, pero nunca nos contestaron a nada”, explica su sobrino Jesús, que se lo trajo de Val do Dubra a Pontecesures para cuidar de él. Jesús firmó la quita y recuperó 91.000 de los 135.000 euros que tenía entrampados, pero aspira a recuperar el resto. Caso parecido es el de la familia de la tudense Guadalupe Martínez, a quien se le acumuló el drama de perder de sopetón 102.000 euros con la muerte reciente de un hijo. “Te llamaban a casa del banco insistiendo en que una quita del 65% era un buen acuerdo y que firmásemos. Hay que fastidiarse”, explica otro hijo, que señala que no firmaron el recorte y piensan “ir a por todas” en la vía judicial.

Carmen Álvarez, de Vigo, que había ahorrado junto a su esposo 78.000 producto de 40 años de trabajo, señala el recochineo de que en su libreta la frase “plazo fijo” esté borrado con líquido corrector. “Mi marido fue mecánico y le quedó una pensión de 515 euros y yo tengo una hernia de espalda y estoy incapacitada. Estoy en tratamiento contra la ansiedad, con tranquilizantes, no se puede vivir si no”, cuenta. Dice que quiere tener esperanza en este nuevo arbitraje —del primero, que solicitó hace un año, no ha vuelto a saber— pero que no las ve todas consigo. Ramiro Iglesias, santiagués, que se deslomó en Suiza en los ochenta quitando nieve, consiguió ahorrar 24.300. Ya de vuelta en Galicia se vio arrastrado por el colapso del sector de la construcción y lleva, a sus 49 años, parado otros tres. Sobrevive con 400 euros de una prestación y se vio obligado a firmar la quita, que solo le devolvió 8.000 euros de lo que tenía. “Firmé por mi situación, tengo que pagar el seguro del coche”, se queja. “Ni yo ni mi mujer teníamos estudios, llevábamos toda la vida en Caixa Galicia, nos dijeron que se podía recuperar el dinero sin problema… Esto solo lo han hecho para robar”.