La fiscalía denuncia a la Generalitat y a Telefónica por amañar un concurso

La fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia ante el juez por las presuntas irregularidades de un contrato entre la Generalitat y una filial de Telefónica. En abril de 2009, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información —un organismo público que entonces dependía del Departamento de Gobernación y ahora, del de Empresa— convocó un concurso público “meramente formal” para adquirir una aplicación que le permitiese ponerse al día sobre protección de datos. Según la fiscal, el ente ya había “decidido y determinado de antemano” que Telefónica iba a ser la adjudicataria. E incluso le ayudó a conseguir el contrato pese a que, de entrada, no presentó la mejor oferta.

La denuncia se dirige contra ocho personas por los presuntos delitos de falsedad documental, alteración de los precios en concurso público y prevaricación. Entre ellos está el exdirector gerente y máximo responsable del CCTI, José Luis Checa, así como otros dos trabajadores del organismo. Checa firmó la adjudicación cuando el republicano Jordi Ausàs era consejero de Gobernación. Cuatro cargos intermedios de Telefónica y el socio de la mercantil Écija también están en el punto de mira de la fiscalía por haber participado en el amaño.

El Gobierno catalán, entonces en manos del tripartito de izquierdas, pretendía hacerse con una herramienta para “adecuar los distintos departamentos” a la normativa sobre protección de datos personales, según el relato de la fiscalía. Los responsables del CCTI bucearon en el mercado y descubrieron que la empresa Écija disponía de un programa que, “con unas mínimas modificaciones”, cumplía los “requisitos y necesidades” para ser implantada en la administración autonómica. Écija había firmado, con Telefónica, un acuerdo de exclusividad para la distribución de la herramienta.

La Generalitat “llegó a concertar” con el dueño de la empresa el precio que debía pagar por esa aplicación. Aun así, decidió convocar un concurso público por poco más de 200.000 euros. El objetivo del centro era colocar esa herramienta en el catálogo de servicios e “ir comprando la licencia” a medida que recibiera los encargos de los distintos departamentos y organismos de la Generalitat. El acuerdo, pues, iba a dar lugar a “posteriores contrataciones derivadas”, insiste la fiscalía.

Como la decisión ya se había tomado previamente, la Generalitat y Telefónica “convirtieron en simple apariencia los principios de transparencia, competencia y libertad de concurrencia”.

Al concurso se presentaron tres empresas: Dominion Tecnologías, GMV Soluciones Globales Internet y la filial de la compañía que preside César Alierta, que resultó ganadora: Telefónica Soluciones de Informática y Telecomunicaciones.

 El 5 de junio se abrieron las plicas. Jordi Graña, un comercial que actuaba en representación de Telefónica, alertó de que se había fijado, por error, un precio superior al que se había pactado previamente. El comercial escribió a sus superiores y se inició entonces y durante varias semanas “un intenso intercambio de correos” que han sido analizados por el Cuerpo Nacional de Policía y que ponen al descubierto, precisamente, la existencia de un acuerdo previo.

Los responsables del CCTI actuaron en “connivencia” con los de Telefónica para redactar una nueva oferta capaz de superar la de sus competidores. Los técnicos del organismo sugirieron, en primer lugar, modificaciones sustanciales en la parte económica. Como las ofertas ya se habían presentado públicamente, el precio inicial no podía modificarse. Por eso idearon una serie de cambios que pudieran pasar desapercibidos. Pese a todo, la empresa GMV seguía obteniendo la mejor puntuación. Para salvar ese escollo, fue necesario sugerir otras “mejoras técnicas” que, finalmente, le otorgaron la mayor puntuación. Todos esos consejos sirvieron para “garantizar la adjudicación sin levantar sospechas”, remacha la fiscal.

En uno de los correos analizados, el jefe comercial de Telefónica para las cuentas con la Generalitat pide perdón a un cargo del CTTI por el error y solicita una reunión a tres bandas para “aclarar la situación”. El cargo acepta las disculpas y reclama que “se respete todo lo que se habló en su momento”.

El 20 de septiembre, el exdirector gerente del organismo público firmó la adjudicación definitiva a Telefónica “con perfecto conocimiento de la arbitrariedad” de esa decisión, ya que “estaba al corriente de todas las irregularidades”. Los denunciados, concluye el escrito, “manipularon los términos y condiciones” de la oferta presentada a concurso y “consiguieron alterar” la adjudicación en beneficio de la filial de Telefónica y “en claro prejuicio de quienes”, según los datos objetivos, “optaban en condiciones más favorables a su concesión”.

La investigación de la fiscalía comenzó el pasado febrero, después de recibir un informe de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) en el que se denunciaban las presuntas irregularidades del concurso público. Antifraude y el ministerio público también han investigado otras dos adjudicaciones a esa misma empresa de Telefónica: una, de la Diputación de Barcelona y la otra, del Consorcio Sanitario de Terrassa. Las irregularidades ocurrieron entre 2008 y 2012.