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Un empresario imputado por Alaya revela sobornos en varios municipios

La declaración apunta a que los cohechos beneficiaron a políticos y funcionarios

La Guardia Civil traslada a Rafael González, empresario de Fitonovo, ante la juez Mercedes Alaya el pasado julio. Ampliar foto
La Guardia Civil traslada a Rafael González, empresario de Fitonovo, ante la juez Mercedes Alaya el pasado julio.

Sobornos y regalos a discreción. El empresario Rafael Gómez Palomo, detenido el pasado julio en la Operación Madeja derivada del caso Mercasevilla, describió una costumbre de entregar regalos y dádivas a políticos y funcionarios de diversos Ayuntamientos, Diputaciones y del ente estatal ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) en Andalucía a cambio de adjudicaciones y contratos de obra, durante su declaración como imputado ante la juez Mercedes Alaya. Extendió su acusación a municipios de Canarias.

En caso de probarse, la descripción sería un claro ejemplo de corrupción en distintas Administraciones responsables de la concesión de obras durante la época de vacas gordas.

El relato de estos supuestos cohechos afecta tanto a políticos del PSOE como del PP, según fuentes del caso. Desde que el empresario confirmó las sospechas de los investigadores de la Guardia Civil, estos intentan cotejar la veracidad de un listado que habían incautado al empresario detenido en uno de los registros, y que de alguna forma le indujo a confirmar los supuestos pagos, ha informado Abc. La investigación permanece bajo secreto de sumario dos meses después de que se desencadenaran las detenciones en Sevilla.

El testimonio del empresario de Fitonovo en el juzgado fue confirmado por su subordinado en la empresa filial Fitoverde, Ángel Manuel Macedo. La entrega de cantidades en metálico, viajes y regalos como equipos informáticos afecta a funcionarios del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, así como a técnicos de Consistorios y diputaciones provinciales de Málaga, Jaén y Cádiz.

La gestión de zonas verdes en carreteras y vías férreas, además de determinadas obras, eran adjudicadas a Fitonovo y Fitoverde a cambio de estos supuestos sobornos, según el relato de los empresarios, en libertad con cargos.

El testimonio incluyó la acusación contra el exalcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín de que este recibió un equipo informático regalado por la empresa, una imputación que el exregidor rechazó ayer con sorpresa. Asimismo, González relató haber entregado un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño, ex alto cargo del Consistorio sevillano y origen de la Operación Madeja.

Castaño le dijo al empresario que el dinero era para el PSOE, según el testimonio de González. Este detalló que Castaño le había pedido 60.000 euros, pero que solo accedió a pagarle 30.000 euros. Al día siguiente, el partido socialista se apresuró a descartar las acusaciones sobre una supuesta financiación ilegal de esta formación.

Esta investigación es una de las múltiples que atesora el Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla y que investiga el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil. Pero si las pesquisas ofrecen frutos, la instrucción judicial de esta vía de investigación puede acumular decenas de nuevos imputados.

La juez Alaya encargó a los agentes que investigaran el sospechoso patrimonio de Castaño, cuya participación consideraba decisiva para que la constructora Sando se alzara con el concurso público de suelos de la empresa Mercasevilla.

Tras identificar un supuesto incremento patrimonial irregular que fijaron en torno a 300.000 euros, los agentes detuvieron a principios de julio a Castaño, su esposa y los dos empresarios. La tesis policial sostiene que Castaño, como ex director del área de Vía Pública bajo mandato de Monteseirín, benefició la adjudicación municipal a Fitonovo de contratos millonarios en la gestión de parques y jardines a cambio del pago de dinero en metálico, un coche, teléfonos móviles y diversas obras domésticas.

Mientras que Castaño y su esposa Ana Vaquero, una pareja de abogados, se negaron a declarar, los empresarios pusieron en la pista a los investigadores sobre una ristra de nuevos sobornos cuya comprobación se antoja compleja.

De este modo, mientras que los empresarios que relataron los supuestos pagos ilegales salieron en libertad con cargos, Castaño ingresó en prisión provisional acusado de cohecho, blanqueo de capitales, fraude, prevaricación y exacciones ilegales. La Audiencia de Sevilla decretó su libertad hace un mes tras pagar una fianza de 60.000 euros.

Los contratos de Fitonovo con el Ayuntamiento de Sevilla se multiplicaron durante la época de Castaño al frente de Vía Pública, mientras este afianzaba sus relaciones con el empresario de Fitonovo y el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez. Este último empresario, imputado por su donación ilegal al PP reflejada en los papeles de Bárcenas, contrató a Castaño como gerente de Desarrollo Urbanísticos Sevilla Este (DUSE), entre 2007 y 2009, poco después de abandonar su cargo en el Consistorio sevillano.

Si los investigadores logran cotejar las acusaciones y apuntes contables de los empresarios, la denominación de Operación Madeja, como el símbolo del Consistorio hispalense, se quedará corta y obsoleta. El testimonio abarca hilos de corrupción y sobornos en al menos cuatro provincias andaluzas y Canarias.