Incineración con plantas pendientes

El Gobierno valenciano ha iniciado una carrera por la incineración de residuos urbanos sin que todavía se haya acabado con la construcción de plantas de tratamiento y vertederos previstos desde hace años en los planes zonales de la Comunidad Valenciana. La oposición social, conflictos entre municipios e investigaciones judiciales han eternizado la puesta en marcha de las instalaciones con las que el Consell quería zanjar el problema de las basuras en los próximos años. Ahora, con siete instalaciones todavía sin funcionar, el departamento que dirige Isabel Bonig, urge a la construcción de plantas incineradoras porque, aseguran, en unos años no habrá donde depositar las basuras.

Grupos ecologistas consideran que esta apuesta es un “atajo” por no haber hecho los deberes. Faltan plantas de tratamiento, faltan vertederos pero, principalmente, falta una política decidida por el reciclaje. “Queda mucho recorrido para poder decir que la incineración es la única salida, en otras circunstancias podríamos pensar que sí tiene sentido, pero ahora es una locura”, dice Carlos Arribas, miembro de Ecologistas en Acción. El director general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, apunta que el desarrollo de las incineradoras va en paralelo al resto de plantas, como una forma más de valorizar residuos. Y asegura que hay fundadas sospechas de que habrá una directiva europea que prohíba abrir más vertederos. Para el Consell, no hay alternativa.

El recién aprobado Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV) reconoce las “dificultades” para la puesta en marcha de las instalaciones de residuos previstas en los planes zonales y que esto ha derivado en un “déficit temporal de instalaciones”. El nuevo plan busca impulsar lo que no se ha hecho hasta ahora y, a partir de entonces, solo habrá alternativa para la incineración.

La provincia de Castellón es la única que ha finalizado con la construcción de plantas y vertederos con la entrada en funcionamiento del complejo de Cervera del Maestre, en el norte. Su retraso provocó una guerra de basuras con Alicante. En la zona sur (con un plan zonal compartido con Camp de Morvedre) se optó por construir dos plantas y dos vertederos por la gran producción de residuos. Paradójicamente, a finales de 2010, con la Autorización Ambiental Integrada ya aprobada (tras años de retrasos), el gobierno del PP optó por paralizarla con el argumento de que la recién estrenada planta de Algimia era suficiente. La ejecución del complejo que debía implantarse en Vall d’Uixó ha quedado descartada.

En la provincia de Valencia se abrieron recientemente las instalaciones de Caudete y la planta de Llíria. Falta un vertedero en Guadassuar y una planta de tratamiento junto con otro vertedero en Llanera de Ranes. “Hubo una moción del consorcio que pide no hacer ni una cosa ni la otra, pero eso no es posible”, sostiene Tejedo. El director general de Calidad Ambiental abre la puerta a un debate sobre el redimensionamiento para tratar menos basuras. En Alicante, el problema se centra en La Vega Baja y la polémica planta y vertedero adjudicada a la UTE Cespa y Enrique Ortiz e Hijos. Aún tienen que decidir dónde llevar las basuras.

Con todas estas infraestructuras pendientes, el director general apunta que la incineración es un paso complementario. “No vamos a quemar basuras, sino el rechazo de las plantas para minimizar lo que va a vertedero”, dice. Según el PIR, lo que llega al vertedero es un 44% de los residuos. Pero los datos de la memoria del Consejo Económico y Social (CES) valenciano sostienen que las plantas solo recuperan el 30% de las basuras, el resto se tira al vertedero. Ahí radica una de los principales argumentos de los ecologistas contra los planes de la consejería de Medio Ambiente. Otro es que el documento no especifica los lugares donde se instalarán estas plantas. Ecologistas en Acción ya prepara, junto con otros colectivos, un contencioso contra el PIRCV. Tejedo responde que el texto “es impecable desde el punto de vista jurídico y medioambiental”.