Bidelan acusa a Gipuzkoa de “manipular” en la bronca por la gestión de autopistas

El director general de la empresa Bidelan, Isaac Loiola, ha salido esta mañana al pasode las "falsedades" que ha lanzado la diputada de Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, para justificar la decisión del Gobierno foral de Bildu de declarar la "lesividad" del contrato que firmaron la citada compañía -formada por la unión de ACS, Campezo y Transitia- con la sociedad foral Bidegi para el mantenimiento, explotación y gestión de las autopistas de Gipuzkoa.

Loiola ha acusado a Ugarte de "manipular la realidad" cuando esta afirma que el contrato de las autopistas AP-8 y AP-1 es "lesivo para los intereses públicos" porque Bidelan no asume riesgos y le garantice unos beneficios brutos del 7,7%. El máximo responsable de la compañía ha manifestado que el contrato con Bidegi "goza de todas las garantías legales" y "se mantendrá hasta 2018" salvo que "un juez determine lo contrario en este contencioso".

La diputada Ugarte y la directora general de Bidegi, Katty Nevado, afirmaron el jueves en las Juntas Generales que se ha decidido declarar lesivo el contrato porque fue modificado en 2010, cuando la Diputación estaba en manos del PNV, para beneficiar los intereses económicos de Bidelan. Ugarte señaló que Bidegi está abonando cuatro millones de euros de más al año por la gestión de las autopistas. Y añadió que intentará anularlo "caiga quien caiga".

Loiola ha rebatido todos y cada uno de los argumentos de la diputada tras lamentar lo "fácil y barato que puede ser manchar la imagen de una empresa desde la política". Según la versión del responsable de Bidelan, esta compañía propuso en 2009 alterar las condiciones del contrato firmado en 2003 con Bidegi porque "habían cambiado las condiciones iniciales que se recogían en la licitación". De acuerdo con el contrato inicial, Bidelan cobraba en función del paso de vehículos, pero las cifras de tráfico siempre estuvieron por debajo de las previsiones porque la Diputación no ejecutó las inversiones comprometidas. Loiola ha explicado que la AP-1 se abrió con un año y medio de retraso, la apertura del segundo cinturón también se demoró más de lo previsto y no se construyeron los terceros carriles de la AP-8 entre Orio y Eibar, como estaba recogido en el pliego del concurso público que se adjudicó Bidelan.

Con la "fórmula de reequilibrio" acordada en 2010 por Bidegi y Bidelan, que es ahora objeto del conflicto entre ambas entidades, la empresa abona una cantidad fija anual por la prestación de sus servicios, incluido un 7,7% que se computa como margen de beneficio. Loiola ha querido aclarar que con el nuevo "es Bidegi la que no asume ningún riesgo, porque sabe el techo de gasto".

Loiola ha asegurado también que es "rotundamente" falso que Bidelan haya ocultado información a Bidegi y destacado que la liquidación de 2011 se firmó con el visto bueno de la diputada Ugarte. Bidegi y Bidelan no mantienen relaciones desde hace un año, coincidiendo con la entrada de Nevado en la sociedad foral, quien no ha acudido en todo este tiempo a ninguna reunión de seguimiento que convoca la compañía.

Bidelan sostiene que los costos de explotación que factura a Bidegi son "más baratos" que los que Bizkaia abona por su autopista. Loiola también ha querido remarcar que "es imposible reducir los costes en 12 millones anuales como pretende la Diputación sin una merma en el servicio".