Los afectados por el ERE de Jerez retoman las protestas con una parodia

Hace justo un año 260 trabajadores del Ayuntamiento de Jerez se quedaron en la calle. Fueron incluidos en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ejecutado por el gobierno municipal (PP) y declarado, en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), “no ajustado a derecho” por “la absoluta arbitrariedad” en la selección del personal afectado.

Esos 260 operarios aún no han cobrado las indemnizaciones por despido improcedente. Antes, el Tribunal Supremo debe resolver el recurso presentado por los sindicatos en busca de la nulidad del proceso y la readmisión en el Consistorio de la totalidad de los despedidos. A la espera de ese fallo, los exempleados han retomado las protestas a las puertas del Ayuntamiento para recordar que los trabajadores que perdieron su empleo en un proceso irregular “ni olvidan ni perdonan”.

Los despedidos escenificaron la inauguración de una calle

Disfrazados han parodiado a la alcaldesa María José García Pelayo y su equipo de gobierno y han escenificado la inauguración de una calle. No ha faltado el corte de cinta, que resultó ser una ristra de chorizos, y la placa que daba nombre al vial. Una vez descubierta la tradicional cortinilla, se dejó ver el nombre de la avenida: Nuestra Señora de los Milagros, en clara referencia a la frase que pronunció la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien bautizó a la regidora Pelayo como "el milagro de Jerez" en un acto de partido en Cádiz.

La frase de Báñez, que ya ha sido motivo de mofa en varias ocasiones en la ciudad, inspiró el guión del teatrillo. “¡Primer milagro: la privatización del agua y la subida de la tarifa”, vociferaba uno de los exempleados, también disfrazado. “¡Milagro!”, respondían las casi 200 personas que han participado en la protesta. “¡Segundo milagro: Despido de 260 trabajadores con un ERE no ajustado a derecho que [Pelayo] ha colado y ahí es donde está el…”, entonaba el portavoz para que el resto añadiera: “¡milagro!”.

El TSJA recogió en una sentencia que el gobierno del PP elaboró la lista de despedidos “sin pedir el currículum, sin valorar el tiempo de prestación del servicio, sin evaluar la formación académica, la competencia técnica, la experiencia ni la polivalencia del personal” afectado.