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Un fallo del Supremo multiplica el coste de expropiación del plan de El Cabanyal

EU asegura que la sentencia hace inviable económicamente el plan de Barberá

El fallo es firme y condena al gobierno local al pago de 10.000 euros de costas

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del Ayuntamiento de Valencia, presentado en 2011, contra un artículo del reglamento de la nueva ley del suelo. El Consistorio acudió al tribunal para pedir la anulación de uno de sus artículos porque desautorizaba una figura urbanística que el gobierno local del PP puso en marcha después de 2007 para rebajar el valor de las expropiaciones en la capital.

"En la práctica, la decisión del Supremo, que afecta por igual a toda Valencia, multiplica por tres o cuatro el coste de las expropiaciones del plan de El Cabanyal", ha explicado este jueves el portavoz del grupo municipal de EU en el Ayuntamiento, Amadeu Sanchis.

Acompañado del abogado especializado en urbanismo José Luis Ramos, el edil ha recordado que para llevar a cabo la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de fracturar el barrio marinero falta por expropiar un 60% del suelo. De aplicarse la sentencia, el coste del suelo pendiente de expropiar pasaría de 32 millones a 480, según los primeros cálculos.

El fallo no tiene carácter retroactivo pero si puede afectar a las expropiaciones que se realicen a partir de ahora. El alto tribunal ha condenado al Consistorio al pago de 10.000 euros en costas.

El plan de El Cabanyal, aprobado en el 2001, se encuentra paralizado a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un conflicto de competencias entre el Gobierno y la Generalitat. El Ministerio de Cultura gobernado por el PSOE aprobó a finales de 2009 una orden para proteger al barrio de las demoliciones que el gobierno local estaba llevando a cabo.