PNV y PSE cierran el acuerdo que alivia la minoría del Gobierno vasco

Los partidos aseguran que no habrá una subida "generalizada" de impuestos en la reforma fiscal

La comisión política de PNV y PSE, en los minutos previos a su encuentro
La comisión política de PNV y PSE, en los minutos previos a su encuentroL. RICO

Es el “mojón” de una nueva etapa "en la línea de acuerdos entre formaciones políticas". Así lo ha descrito esta mañana el portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Egibar, tras una reunión de PNV y PSE para cerrar el texto general del acuerdo entre ambos partidos, centrado en la reactivación económica y el mantenimiento de los servicios públicos gracias, entre otras herramientas, a una reforma fiscal que oficialmente aún no han detallado. La reforma, en todo caso, "no consiste en una subida generalizada de impuestos, como se ha dicho en alguna ocasión", ha indicado la portavoz del PSE Idoia Mendia, en referencia a las declaraciones del portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka. Pero sí supondrá recaudar, junto con las medidas de lucha contra el fraude, 1.500 millones de euros añadidos en tres años.

El acuerdo incluye cuestiones que el PNV rechazaba con rotundidad hasta hace poco, como el hecho de que el Parlamento debata y acuerde sobre fiscalidad, la interconexión de datos fiscales en tiempo real entre las tres haciendas forales y algunas infraestructuras que en los primeros meses de Gobierno de Iñigo Urkullu habían quedado en el dique seco.La firma oficial del acuerdo no llegará hasta dentro de una semana, un acto en el que participarán tanto el secretario general del PSE, Patxi López, como el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el lehendakari.

Los portavoces de ambos partidos han coincidido en que “no es un acuerdo de legislatura” y Mendia ha añadido que tampoco lo es para “salvar al PNV”. Pero sí “allana el camino”, según Egibar, para los presupuestos de 2014 y supone un hito en las relaciones de ambos partidos, dañadas tras una dura legislatura en la oposición del PNV y tras el plante socialista en la negociación de los presupuestos para 2013 que llevó a la retirada de las cuentas de Iñigo Urkullu.

Ambos coinciden en que no es un pacto de legislatura

El acuerdo, de 17 páginas, llega casi un año después de las elecciones autonómicas de 2012 con un plan para la reactivación económica y el empleo, que incide en programas que ya están en marcha, como las acciones específicas para parados de larga duración y jóvenes, así como planes comarcales para las áreas más golpeadas por el desempleo. Se refuerza el programa de avales para las empresas y se incluye un plan entre instituciones para invertir en infraestructuras “dando continuidad a iniciativas previstas anteriormente”. Los planes renove, hoy centrados en la rehabilitación de viviendas, se extenderán a maquinaria, electrodomésticos y muebles, entre otros, retomando la senda del anterior Ejecutivo socialista.

En materia de fiscalidad, PNV y PSE no han querido entrar en detalles, que incluirán en un anexo que harán público en los próximos días. De momento, han cerrado el papel del Parlamento, que “debata y acuerde las líneas básicas de la fiscalidad vasca”, lo que en la práctica supone refrendar una resolución aprobada por la Cámara esta legislatura y que contó con el rechazo de PNV y PP, que entendían que el texto suponía restar competencias a las Juntas Generales. Para luchar contra el fraude, se creará una comisión entre el Gobierno y las tres diputaciones y elaborarán convenios de colaboración para un intercambio “en tiempo real” de sus bases de datos, tomando como base el convenio entre Gipuzkoa y la Hacienda central.

Los partidos guardan los detalles de medidas como la reforma fiscal para la firma definitiva del acuerdo

Todas estas cuestiones se debatirán en un pleno monográfico de fiscalidad cuya iniciativa ha sido registrada hoy y, previsiblemente, se celebrará dentro de dos semanas. PNV y PSE han insistido en que el acuerdo es, en todo caso, un texto "abierto" a sumar otras formaciones. Ambos partidos necesitan del apoyo de al menos otro más para poder esquivar la minoría que ostentan en las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa, donde se deberán aprobar las normas forales que pongan en práctica la reforma fiscal. De entrada, el diputado general de Álava, Javier de Andrés, se ha adelantado al pacto y la pasada semana presentó sus propias medidas fiscales que introducen nuevas deducciones y que, lejos de incrementar la recaudación, supondrían una caída de 4,6 millones en los datos de 2015, según datos ofrecidos por la Cadena Ser. La propuesta de De Andrés deberá ser negociada porque el PP no cuenta con mayoría en las Juntas alavesas.

El acuerdo recoge también el compromiso de desarrollar la Ley de Armonización Fiscal, normativa que deja en manos del Parlamento la competencia de armonizar los tributos de Euskadi en caso de que se confirme que existen diferencias sustanciales entre las tres haciendas. Hasta la fecha, este instrumento no ha sido utilizado nunca, pero el acuerdo establece que el Gobierno deberá proponer en cuatro meses las normativas necesarias para establecer los mecanismos que muestren cómo afrontar los casos en los que el Órgano de Coordinación Tributaria detecte como de desarmonización. Preguntado sobre si harán uso de las capacidades armonizadoras del Parlamento, Egibar ha respondido que "para eso está la ley".

El documento, distribuido a los medios de comunicación, no baja al detalle. Se desconocen los plazos de las infraestructuras que se van a relanzar, como la unidad de crónicos del Hospital Santiago o el Hospital de Eibar, por ejemplo. Egibar ha detallado mínimamente el proyecto del metro de Donostialdea por su cercanía hacia él. Ha explicado que se ha alcanzado un acuerdo para redactar un proyecto que hbarcará hasta 2020. Tampoco se conoce a ciencia cierta cómo se van a “desarrollar” programas como el del trilingüismo o Eskola 2.0, la implantación de miniordenadores portátiles en las aulas, que este año no se ha extendido a nuevos cursos.

El acuerdo también establece elaborar un estudio sobre duplicidades entre las administraciones por parte del Gobierno, que trabajará para elaborar planes que simplifiquen el entramado institucional y competencial.

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