El alcalde de Estepona destituye al asesor imputado en el ‘caso Gürtel’

El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), destituye como cargo de confianza al exconcejal Ricardo Galeote, imputado en el caso Gürtel por haber cobrado supuestamente de la trama corrupta cuando era gerente de una empresa municipal. Fue el propio García Urbano quien fichó a Galeote como asesor de Alcaldía en enero de 2012 con un sueldo anual de algo más de 47.000 euros.

El exedil, hermano del exparlamentario del PP en Estrasburgo Gerardo Galeote, es uno de los cuatro cargos de confianza de los que el regidor prescindirá a partir del lunes, según anunció ayer el equipo de gobierno local. Entre los afectados también se encuentra José Gerez, exconcejal del GIL que después pasó a las filas del PP y director de la radio y televisión municipales desde mediados de 2011. Estas bajas se vendieron como una reestructuración del organigrama municipal.

El equipo de gobierno popular de la Diputación de Málaga, además, explicó ayer que inicia sendos expedientes de regulación de empleo (ERE) en las sociedades Emprovima, dedicada a políticas de vivienda, y Sopde, centrada en el asesoramiento técnico a los municipios de la provincia. La medida recibió luz verde de los consejos de administración y la hicieron pública los diputados Ana Mata y Carlos Conde, responsables de las empresas. El presidente de la institución, Elías Bendodo, está en Argentina apoyando la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2020 porque Málaga sería subsede olímpica.

La justificación es la “grave” situación financiera que atraviesan las dos sociedades, detallada por las consultoras externas contratadas para afrontar el proceso de fusión de estas empresas con el Patronato de Turismo de la Costa del Sol. La Sopde cuenta con 61 trabajadores, el sueldo medio es de 40.000 euros y para final de año se estiman pérdidas por un millón de euros. En cuanto a Emprovima, su actividad se ha reducido un 95% y solo ha vendido 66 viviendas desde 2010. Tiene 17 empleados, la media salarial supera los 50.000 euros y la carga de trabajo es “prácticamente nula”.

Mata, vicepresidenta tercera de la Diputación, apuntó que aún se desconoce el número de afectados por los ERE. Tanto PSOE como IU criticaron esta decisión y acusaron al equipo de gobierno de desmantelar servicios.