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Otro juzgado rechaza paralizar la privatización sanitaria

Se trata de un recurso "muy específico" de AFEM contra la modificación de los pliegos

La Comunidad afirma que "no va a parar" el proceso y que "cumple todos los requisitos legales"

Los médicos defienden la competencia del magistrado y rechazan los intentos de politizarlos

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 16 de Madrid ha denegado hoy la petición de suspender de forma cautelar el concurso para privatizar la gestión de seis hospitales públicos que le formuló la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), una decisión que llega dos días después de que otro juzgado de lo contencioso, el número 4, sí aceptase esta misma medida cautelar hecha por la misma asociación.

¿Cómo es posible? Porque se trata de dos recursos "muy distintos". "El recurso ante el Juzgado número 16 es muy específico", precisa vía telefónica una de las portavoces de AFEM, Patricia Alonso. "A diferencia del recurso presentado ante el Juzgado número 4, que nos acaba de dar la razón, en este caso no impugnábamos todo el proceso sino única y exclusivamente la modificación de última hora de los pliegos del concurso", explica.

A cuatro días de que acabara el final del plazo de presentación de ofertas para la gestión de los seis hospitales, el Gobierno regional introdujo como corrección de errores un cambio sustancial en las condiciones del concurso. Al añadir la palabra “anual” en la garantía del 5% que debían presentar las empresas  adjudicatarias, redujo en cerca de un 90% este aval —el contrato es por 10 años—, así que los 233 millones que debían aportar se quedaron en apenas 28.

 "Lo que ha hecho el juez es descartar la suspensión cautelar que pedíamos también en este caso, pero el recurso sigue adelante", matiza Alonso, que añade que esperan para los próximos días y meses muchos otros autos judiciales, ya que AFEM tiene "cinco procesos judiciales pendientes contra la privatización".

"Uno es el del Juzgado número 4, en el que recurrimos la privatización apelando a los derechos fundamentales; otro es el del Juzgado número 16, solo contra la modificación de las condiciones del concurso; el tercero es ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM); el cuarto es la querella penal contra la primera oleada de privatizaciones, en la que están imputados dos exconsejeros de Sanidad; y el quinto es ante el Tribunal de la Competencia, ya que se presentaron seis ofertas para seis hospitales".

A pesar de que son dos procedimientos judiciales independientes, el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha esgrimido este auto para denunciar un supuesto guirigay judicial y para urgir a los tribunales a que se aclaren y aclaren cuanto antes "lo que la Comunidad de Madrid tiene que saber" en beneficio de los ciudadanos, la sanidad pública y los profesionales.

“Ya llevamos cuatro decisiones judiciales. El tanteo va así: dos juzgados de lo contencioso y el TSJM han rechazado los recursos presentados, y uno de lo contencioso no”, ha declarado Lasquetty. “Desde el máximo respeto a la justicia [el miércoles dijo que el auto de Gómez es “político” y que contiene opiniones personales], urge que se aclare esta situación, mientras AFEM y otros sindicatos y plataformas como AFEM, satélite del Partido Socialista, presenta recursos en todos los buzones que ha encontrado en la calle. Lo único que buscan es embarrar y confundir con un enjambre de recursos”, ha añadido.

"Quiero recordarle al señor Lasquetty que detrás de nosotros no se encuentran los partidos políticos", ha dicho hoy el neurocirujano Pedro González, presidente de AFEM, en una comparecencia en el Colegio de Médicos en la que ha pedido públicamente la dimisión del consejero. "Al lado de nosotros están las personas de la calle que no quieren que sus impuestos sirvan, una vez más, para enriquecer a las empresas, sino para curarles a ellos", ha añadido González.

“Las concesiones no han sido anuladas, siguen trabajando”, ha recalcado el consejero, a la espera de los recursos judiciales, que prosiguen su curso. El consejero del ramo no ha dado fechas de cuándo se aclarará el proceso. La oposición da por hecho que el proceso privatizador se retrasará, “si no se paraliza totalmente”, al menos hasta el año que viene.

En el hospital del Henares, tras una concentración para celebrar la paralización cautelar del proceso, más de un centenar de trabajadores se han reunido en asamblea para saber qué va a pasar con ellos y planear nuevas movilizaciones. En este centro -uno de los más activos contra la privatización- hay 764 empleados pendientes del cambio. Los responsables de Sanitas que habían ocupado uno de los despachos de la tercera planta se marcharon el martes. En los papeles que habían entregado a eventuales e interinos con las nuevas condiciones laborales, se especificaba que la fecha de incorporación era el 1 de octubre, pero ahora esa fecha está en el aire.

“No se genera inseguridad jurídica porque el juzgado número cuatro no era competente para pronunciarse como lo ha hecho cuando ya lo hizo el TSJM, que es un órgano superior”, ha intervenido el portavoz de Gobierno regional, Salvador Victoria. “Plataformas como AFEM, instrumentalizadas por la izquierda, están generando caos. Este proceso de externalización no se va a parar. Va a continuar porque cumple con todos los requisitos legales”, ha enfatizado.

Desde AFEM defienden la competencia del magistrado que les ha dado la razón, Carlos Gómez —la Comunidad considera que se debería haber inhibido— y entienden que el auto está bien fundamentado y con argumentos lo suficientemente “brillantes” como para pedir la dimisión de Lasquetty. Frente a la estrategia del Ejecutivo autonómico de intentar restarles credibilidad vinculándolos a unos fines partidistas, la Asociación de Facultativos ha insistido en que “detrás" de ellos "no hay partidos políticos”. De hecho, entre sus filas no es extraño encontrar a quienes venían siendo habituales votantes del PP.

Por otro lado, la Comunidad ha remitido al Consejo Consultivo, conforme a lo que dice la Ley de Acompañamiento, un proyecto de decreto para acreditar los requisitos de las agrupaciones de profesionales que quieran gestionar el 10% de los centros de atención de primaria de la región, según pretende el Gobierno regional.

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