La dueña de T-Solar no devolverá a la Xunta 13 millones pese a sus beneficios

El dinero se ha esfumado. A pesar de haber recibido 65 millones de ayudas públicas en solo cinco años y de ser propiedad de la multinacional Isolux-Corsán (con una facturación en 2012 de 3.410 millones y un beneficio bruto de 521) T-Solar asegura que no tiene fondos para devolver las subvenciones concedidas por la Xunta para su fábrica de paneles solares. El Gobierno gallego ya ha reclamado 13 millones “al constatar el incumplimiento de las condiciones pactadas en lo referente a la actividad y los puestos de trabajo”. Los 16 millones concedidos por varios ministerios a través de subvenciones y préstamos sin intereses ni siquiera han sido requeridos por el Gobierno central. Fuentes de la empresa explican que “no hay dinero para devolver esos millones” que solo podrían ser reembolsados si se vende la fábrica. Y la venta también está en el aire.

Solo existe una oferta de compra que no convence a los propietarios. La empresa inglesa Sunfilm UK Limited ofrece 2,2 millones y el mantenimiento de los puestos de trabajo (170 personas fueron despedidas mediante un ERE), pero la empresa matiza que “no han ofrecido ninguna garantía de cómo van a pagar ni cómo van a retomar la producción”. No se fían de los británicos porque “tienen un capital social de 1.000 euros y un solo trabajador”. T-Solar incluso acusa a los empleados encerrados en las instalaciones de torpedear la venta: “Su encierro ahuyenta a posibles inversores”. Estas mismas fuentes explican que, si la Xunta quiere recuperar el dinero, existe la posibilidad de ofertar al Gobierno gallego la compra de la empresa a cambio de la condonación de la devolución de subvenciones.

El secretario general de Isolux-Corsán, Antonio Martínez Borrallo, evitó confirmar ayer esta oferta: “Eso solo lo sabe el administrador concursal, pero si la Xunta se la quiere quedar que se la quede”. Tampoco garantizó que vayan a devolver el capital público recibido bajo condiciones ahora incumplidas según la Consellería de Industria porque “la Xunta es uno más de los acreedores y cobrará cuando le toque. La devolución está directamente ligada a la venta de activos”. Incluso recordó que la ingeniería financiera le permite colocar a Isolux-Corsán como deudor: “Nosotros somos el principal acreedor con 20 millones, aunque por supuesto seremos los últimos en cobrar”. A preguntas de los medios no supo concretar cuánto dinero público fue concedido en forma de subvenciones autonómicas. Tampoco acertó con los créditos. “Creo que rondan los siete millones”, aseguró, aunque las cuentas de la empresa publicadas por EL PAÍS en abril revelan que la Administración gallega concedió 23 millones entre créditos y avales.

El directivo recordó una vez más que la competencia asiática y la eliminación de las primas a las renovables han borrado cualquier posibilidad de negocio. También recalcó que “este jaleo del encierro no es nada beneficioso para los intereses de la empresa”. A pesar de haber mantenido durante cinco años una cartera de proyectos regular —algunos de ellos en el extranjero— y los millones concedidos a dedo, T-Solar ordenó cerrar su factoría gallega declarando una deuda de 61 millones. Borrallo acudió a la vista oral celebrada en el juzgado de primera instancia de Ourense en la que una veintena de personas (trabajadores, sindicalistas de CIG y CUT e incluso la diputada del BNG, Tareixa Paz) fueron juzgadas por ocupar, presuntamente de forma ilegal, la factoría.

Unas 300 personas se concentraron ante el Palacio de Justicia en solidaridad con los encausados. Entre ellas se encontraban el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera o la portavoz de AGE, Yolanda Díaz. Vence aseveró que “los directivos de la empresa son los que tenían que estar en el juzgado” por haber urdido “una estrategia que llevó al desmantelamiento defraudando ayudas públicas”. No es la primera vez que el portavoz nacionalista apunta contra los directivos. El pasado viernes aseguró que estamos ante un “caso claro de corrupción en el que el administrador concursal boicotea las soluciones” porque “está absolutamente vendido a los intereses de Isolux” y “hace todo lo posible para impedir que la empresa siga adelante en lugar de buscar soluciones en positivo”. Mientras, el proceso concursal continúa. El lunes se reunirá la comisión de seguimiento en la que participarán el administrador concursal, Isolux-Corsán, representantes de los trabajadores y Xunta.