Juzgadas 20 personas por ocupar T-Solar para impedir su desmantelamiento

Una veintena de personas han sido juzgadas hoy por la ocupación de la fábrica de paneles solares que T-Solar tiene en el Parque Tecnológico de Galicia (San Cibrao, Ourense). Entre ellos se encuentran la diputada del BNG, Tareixa Paz y varios miembros de los sindicatos CIG y CUT que no formaban parte de la plantilla. Isolux-Corsán, propietaria de la fotovoltaica, denunció al medio centenar de personas que, por turnos, permanecen encerradas desde el pasado dos de julio. T-Solar, que recibió hasta 65 millones de ayudas públicas en solo cinco años, formalizó un ERE en abril que despidió a 174 empleados. La empresa explica que la competencia del mercado asiático y la política energética del Gobierno central –que suprimió las ayudas a las energías renovables– hacen “inviable” la factoría, la segunda más grande del Estado.

A través de este proceso judicial reclama el desalojo inmediato. Acusa a los denunciados de "ocupar las instalaciones saltando vallas, forzando cerraduras y perturbando gravemente la pacífica posesión del inmueble". Durante la vista se aportó un dossier con decenas de fotografías de los encerrados, así como partes de incidencias redactados por la empresa de seguridad que custodia la factoría. También fueron denunciados por lo penal aunque la demanda fue desestimada. Los trabajadores insisten en que la ocupación es una “acción simbólica para hacer pública su denuncia” y para evitar el desmantelamiento. Su defensa argumenta no se puede impedir ejercer derechos básicos como el de libertad sindical o el de reunión tras el acuerdo verbal alcanzado con representantes de la propiedad para únicamente ocupar baños, pasillos y hall de recepción. Fuentes de Isolux-Corsan han recalcado que el encierro “perjudica” el proceso de venta a inversores internacionales e incluso la seguridad ciudadana, ya que su presencia “impide la inertización de la fábrica para evitar explosiones”. Hasta la fecha solo ha trascendido la existencia de una oferta de compra realizada por la empresa británica Sunfilm UK Limited.

Los denunciados estuvieron arropados por unas 300 personas concentradas en la puerta de los juzgados, entre ellos el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, la portavoz de AGE, Yolanda Díaz, Xosé Manuel Pérez Bouza (CxG) o el exconselleiro del bipartito, Alfredo Suárez Canal. Vence reclamó que “los directivos de la empresa son los que tenían que estar en el juzgado" por haber urdido “una estrategia que llevó al desmantelamiento de la empresa defraudando las ayudas públicas”. También pidió a la Xunta una “mayor implicación en la defensa de estos puestos de trabajo porque hay que defender empleos y empresas con uñas y dientes”. La Consellería de Industria inició el 16 de julio un proceso administrativo para reclamar la devolución de 13 millones concedidos como subvenciones. El juicio ha quedado visto para sentencia.