Díaz fija los deberes del nuevo Gobierno

“Me avergüenza la corrupción, rechazo tanto la complicidad como la tibieza hacia ella y me propongo combatirla con todas mis fuerzas desde la Presidencia, en todos los frentes”. Esta frase le sirvió este lunes a la candidata a la presidencia de la Junta, Susana Díaz, para desgranar sus medidas contra la corrupción y, a partir de estas, el resto de propuestas para su nuevo Gobierno:

»Corrupción y transparencia. Ampliar las competencias de la Cámara de Cuentas para mejorar su capacidad de control y fiscalización de los partidos. Incorporar a la ley de este organismo de la posibilidad de imposición de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan cuentas. Obligar a que los entes fiscalizados remitan informes sobre la implantación de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas.

Reforma legal para prohibir las donaciones privadas a los partidos políticos y proponer una iniciativa legislativa similar en el Congreso de los Diputados.

Impulsar un acuerdo político que comprometa, aunque no obligue, a que los cónyuges o parejas de todos los cargos públicos presenten también sus declaraciones de renta, bienes y actividades en el momento de su nombramiento y en el del cese.

Remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Participación antes del final de año y promover la colaboración ciudadana en todos los ámbitos, incluidos el legislativo y el ejecutivo, las distintas administraciones, la sociedad civil y las empresas.

Hacer público el orden del día de los Consejos de Gobierno y los expedientes de lo tratado.

Comparecer semestralmente para debatir sobre la situación política.

Introducir Indicadores de Evaluación en todas las normas y procedimientos para que todos los ciudadanos puedan conocer el grado de cumplimiento de los objetivos conseguidos por dicha norma o procedimiento.

»Economía y emprendimiento. Ayudar a las empresas a crecer, innovar, internacionalizarse, invertir y crear empleo, pasando de la subvención al incentivo y mediante el acuerdo de agentes sociales, asociaciones, universidades y entidades de investigación.

Crear un instituto público de crédito andaluz sobre el que se trabaja en el Parlamento para facilitar la financiación a proyectos empresariales.

Reducir de forma progresiva y significativa (“a la mitad”, según dijo Díaz) las cargas administrativas para la creación de empresas.

Sustituir licencias y autorizaciones por el procedimiento de declaración responsable.

Extender la validez a todo el territorio nacional de decisiones, autorizaciones, permisos o licencias adoptadas por una Administración.

Garantizar el acceso rápido y ágil por cualquier Administración de los datos administrativos de personas y empresas, previa autorización del interesado, independientemente de donde están depositados.

Un marco normativo único, común a todas las administraciones públicas, en aquellos ámbitos de especial interés para la actuación empresarial.

Estimular la economía social y las fórmulas de trabajo cooperativo, favoreciendo la empleabilidad de colectivos en riego de exclusión social con la incorporación de cláusulas sociales a los pliegos de contratación pública.

»Movilidad. Apostar por el transporte público y culminar los metros de Málaga y Granada y el tranvía de la Bahía de Cádiz.

»Educación. Facilitar la incorporación a pequeñas y medianas empresas andaluzas de personas ya doctoradas o que estén realizando su doctorado.

Incorporar un programa específico para que las entidades científicas y tecnológicas capten financiación privada.

»Mundo rural. Crear de un Observatorio de Tierras que analice y diagnostique la situación actual y la proyección de futuro de las fincas públicas para promover con ellas el desarrollo local sostenible y la creación de empleo.

»Política fiscal. Modificar, pero no elevar, la presión fiscal para hacer el sistema tributario más eficiente y equitativo.

Mantener y profundizar la lucha contra el fraude fiscal a través del control en tres áreas: los impuestos personales y progresivos, los beneficios fiscales y el fraude en la fase de recaudación.

»Igualdad. Incluir indicadores de desigualdad para orientar las políticas económicas.

Prolongar las medidas del plan extraordinario de acción social para personas sin recursos, en situación de desempleo y para cubrir necesidades básicas.

»Sector público. Convocar en una comisión de expertos para analizar el sector instrumental, hacerlo más eficiente y elaborar un informe antes del fin de 2014.

»Reforma de las Administraciones. Reformar el modelo territorial que corrija ineficiencias, clarifique el reparto competencial, garantice la autonomía efectiva y la financiación de los servicios públicos, facilite la cooperación institucional y sea fruto de un consenso tan amplio como el de la Constitución de 1978.

Responder jurídica y políticamente —sin descartar el recurso de inconstitucionalidad— a la reforma local que promueve Rajoy.

Fijar un programa de visitas y reuniones institucionales con los principales ayuntamientos.

Luchar por una reforma del sistema de financiación que tenga en cuenta la distribución del déficit en función de las competencias que ejercen las comunidades autónomas y la población.