Montoro aplaca a Teófila Martínez con una inversión de 200 millones

La Zona de Franca de Cádiz recibirá una inversión de 200 millones de euros para la remodelación de su recinto exterior y la ampliación del recinto fiscal, tanto en la capital como en otras localidades de la provincia. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trasladó este compromiso a la alcaldesa de Cádiz y presidenta del consorcio gaditano, Teófila Martínez, en un encuentro en el que estuvo acompañada del senador y presidente del PP en la provincia, Antonio Sanz. De esta manera, Martínez consigue en parte amortiguar el impacto que ha tenido para la ciudad la creación de la Zona Franca de Sevilla, cuyo proyecto tiene vía libre tras su publicación este fin de semana en el Boletín Oficial del Estado.

La inversión se canalizará a través de un convenio marco por el que la Zona Franca de Cádiz recibirá estos fondos en cinco años. Con esta inversión, el recinto fiscal pretende extender sus fronteras a las localidades de Jerez, La Línea, al área de la bahía de Algeciras, y llegar también hasta el polígono de Las Aletas, un recinto destinado a acoger un gran área logística e industrial y que, de momento, sigue paralizado por cuestiones legales.

Los 200 millones prometidos deberían servir además, según el Ayuntamiento de Cádiz, para impulsar el proyecto de la Plataforma Logística Sur de Europa, la principal propuesta de Teófila Martínez en este mandato. Según la idea de la alcaldesa, que ha sumado para su causa a los alcaldes de Jerez y Algeciras, también del PP, y a su compañero de partido Jorge Ramos, actual delegado de la Zona Franca de Cádiz, la provincia se convertiría en el centro del comercio y del transporte de mercancías entre Europa, África y América.

La plataforma logística se llevaría parte del tráfico del Mediterráneo que ahora atrae el nuevo puerto de Tánger, y el flujo comercial que desde los países americanos llega a los muelles de Rotterdam y Ámsterdam, en Holanda. En este proyecto, la Zona Franca juega un papel esencial para atraer este movimiento de mercancías.

Pero el compromiso de Montoro supone, sobre todo, un desagravio para el Consistorio gaditano y, en especial, para su alcaldesa, quien no pudo ocultar su disgusto cuando se hizo público el acuerdo entre el ministro y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. La firma del protocolo para la creación del consorcio sevillano pilló a Martínez por sorpresa. Ni el Ayuntamiento, ni la Zona Franca de Cádiz ni ningún cargo del PP en la provincia habían sido advertidos de la puesta en marcha de un proyecto que, para la alcaldesa, “puede ser lesivo para los intereses de la ciudad”. Teófila Martínez llegó a decir que se sentía “dolida” y “disgustada” por no haber sido informada de los pasos del Ayuntamiento de Sevilla, aunque días después rebajó el tono crítico de su discurso contra sus compañeros del PP.

Los esfuerzos de Martínez se volvieron entonces a la búsqueda de compensaciones. “Si todo el mundo puede solicitar una zona franca, nosotros podemos ampliar la nuestra”. Anunció también que solicitaría a Hacienda una inversión equivalente a lo que Sevilla fuera a recibir para desarrollar su zona franca.

Desde que realizó estas declaraciones, a finales de julio, y después de que pocos días más tarde el Ayuntamiento de Cádiz anunciara que el ministro de Hacienda recibiría a la alcaldesa, la reunión con Cristóbal Montoro ha estado pendiente. Hasta este lunes. El equipo de gobierno gaditano, acostumbrado a anunciar cada paso que da en sus gestiones, ni siquiera comunicó la fecha del encuentro. Solo tras arrancar el compromiso de los 200 millones ha querido informar de la reunión.

Para la Zona Franca de Cádiz la creación del recinto sevillano supone, cuanto menos, una incertidumbre. Las dudas sobre la repercusión que pueda tener la actividad de este nuevo consorcio llegan además cuando el recinto fiscal gaditano atraviesa una delicada situación económica. El último informe de cuentas publicado, de diciembre de 2012, recoge pérdidas anuales de 21.350.266 euros, cuatro veces y media más que las registradas en el año anterior. Estas pérdidas vienen a empeorar una situación ya de por sí complicada, con una deuda de 128 millones de euros. Buena parte de estos datos negativos están relacionados con la depreciación de los valores inmobiliarios.