Seis años después, los bomberos privados aparcan la manguera

La ley de emergencias de 2007 marcó un año de plazo a la Xunta para impulsar un reglamento del bombero profesional que dejase claras las obligaciones y deberes del colectivo. Era una aspiración de los trabajadores de parques privados, que se ven sometidos a los vaivenes laborales y operativos de la empresa privada sin un texto legal al que asirse para denunciar abusos. Seis años después, el proyecto sigue en el limbo y los bomberos se han cansado de esperar. Habrá huelga.

 Anunciada de entrada para el próximo miércoles 28, el paro se retrasará una semana después de que en la negociación del pasado viernes entre las empresas concesionarias y los responsables de los trabajadores para fijar los servicios mínimos las compañías señalasen errores formales en la convocatoria. Uno de ellos sirve de ejemplo del tipo de subterfugios legales con que la privatización castiga al personal: la empresa Natutecnia, que gestiona tres parques en A Coruña y uno en Lugo tiene en sus parques coruñeses una sociedad por cada base, producto de tres uniones de empresas con nombre casi idéntico: solo cambia el orden de los términos (la propia Natutecnia y sus socias Eimfor y Eural, con fluida relación). El detalle societario implica que los empleados tienen que presentar una convocatoria de huelga por cada parque y tienen más trabas para conseguir una representación sindical unitaria, según fuentes de los trabajadores. El apoyo a la huelga es casi absoluto. Aparte del de Valdeorras (Ourense), los otros 22 parques privados de Galicia han apoyado la convocatoria, que depende ahora de que se fijen los servicios mínimos. Quedan fuera de la huelga los bomberos de servicios públicos —los de los parques de las ciudades y el de Silleda, el único fuera de las urben con gestión pública.

Los trabajadores han tenido paciencia. Desde enero del año pasado llevan tratando de negociar una propuesta para equiparar los convenios colectivos, según explica José Luis Pareja, portavoz del comité de empresa de Veicar Coruña. “No se trataba de pedir subidas salariales sino homogeneizar condiciones en un plazo de entre cinco y ocho años”, recuerda sobre aquel intento, que no tuvo éxito. La Xunta, que es la que fija los pliegos de condiciones que las empresas deben cumplir cuando asumen el contrato, deriva la gestión de personal a las empresas, y estas no accedieron a un trato conjunto. Las conversaciones se vieron perjudicadas, además, porque en Pontevedra se pusieron en marcha los trámites para constituir el consorcio provincial. Esto hizo necesario un nuevo concurso y provocó que durante unos meses le faltase una pata a la mesa de negociación, esta vez por parte empresarial.

El nombre de la nueva concesionaria de los parques de Pontevedra no se conoció hasta el pasado marzo. Finalmente fue Matinsa, una filial de FCC, la que se llevó el gato al agua con un contrato de 21 millones de euros por ocho años, con opción de prorrogarlo hasta 14, financiado a medias por Xunta y Diputación. Pero con el contrato adjudicado y las empresas ya en situación de negociar, tampoco se llegó a un acuerdo de mínimos. “Solo aceptaban pactar cosas muy puntuales, como los uniformes, que además es algo que ya viene en los pliegos”, recuerda Pareja.

La situación se enquistó, agravada por el conflicto en Veicar que gestiona otros parques, donde dirección y trabajadores se enzarzaron por las condiciones de los turnos. Las palabras del responsable de la empresa, Jaime Prieto-Puga, quejándose de las protestas de unos empleados mileuristas que considera “privilegiados” porque pueden alternar su trabajo con otros empleos (en sus días libres) no han ayudado a tranquilizar el ambiente. La huelga en Veicar ha quedado subsumida, no obstante, en el paro a escala gallega.

Entre las quejas más repetidas por los bomberos consultados está la de los denostados turnos de solo tres personas, que según los trabajadores multiplican las posibilidades de accidente y merman la capacidad de respuesta a las emergencias. La falta de acuerdo para los servicios mínimos va en esa línea, con la contradicción aparente de que en este caso son las empresas las que quieren que la dotación sea inferior. Como las plantillas son tan cortas, el personal mínimo obligatorio es prácticamente el mismo que el de una jornada normal. En la última reunión del viernes, las empresas proponían tres trabajadores por turno, mientras que el comité reclamaba cinco.

La protesta también recoge la preocupación por el futuro de los bomberos más veteranos, en una profesión que depende de la forma física en términos parecidos, salvando las distancias, a la de deportista. Cuando los empleados empiezan a acercarse a los cincuenta años y las fuerzas ya no son las de un joven no tienen posibilidad de reconvertirse. “No existe una segunda actividad que lo exonere de actuar en primera línea de fuego al alcanzar una edad avanzada, siendo el despido y reposición con nuevo personal, la manera más viable para mantener la efectividad del servicio por parte de las concesionarias”, recogen los bomberos en la convocatoria de huelga.

El otro extremo en discusión es los problemas de coordinación de los servicios de emergencias, un aspecto que empieza a movilizar a la oposición política en el Parlamento autónomo para plantear el rescate de las concesiones.