Moragues defiende el ERE de Canal 9 a la espera de sentencia sobre su legalidad
El consejero de Hacienda dice que si hay un revés judicial actuará en consecuencia
El consejo de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, considera que toda la ciudadanía comparte "que existían causas justificativas de la necesidad de redimensionar" Radiotelevisió Valenciana (RTVV) y otras entidades públicas de la Comunidad Valenciana, cuando se cumple un año de la presentación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa de la Generalitat, que ha supuesto la salida de 1.200 trabajadores en una plantilla de 1.800.
En una entrevista concedida a Europa Press, el consejero de Hacienda se ha mostrado cauteloso ante la decisión judicial que el Tribunal Superior de Justicia deberá adoptar sobre la legalidad o ilegalidad del ERE. "No hay que adelantarse al pronunciamiento judicial", ha dicho, aunque espera que éste "sea de conformidad con el posicionamiento de la Generalitat".
Moragues considera "difícilmente cuestionable que el sector público, como estaba, había que racionalizarlo, reestructurarlo y redimensionarlo", tanto "por causas económicas, por cuanto" determinadas entidades "estaban provocando una serie de pérdidas" como "por causas organizativas".
A partir de ahí, el titular de Hacienda no descarta que haya "pronunciamientos judiciales en un sentido o en otro". Ante la posibilidad de que el TSJCV declare nulo el ERE y ordene la readmisión de los afectados, Moragues insiste en que "no hay que adelantarse al pronunciamiento judicial" y apunta que, "en el caso de que se produjese, habría que estudiar el escenario de forma muy pormenorizada y tomar decisiones en consecuencia".
El expediente cumple hoy un año desde su aprobación en el consejo de administración que dio luz verde al procedimiento de despido colectivo, del que sus miembros se marcharon en coches y escoltados por la Policía, debido a las protestas de los trabajadores, que les despidieron con una lluvia de huevos a la salida de los vehículos.
Desde el 22 de agosto de 2012, la salida de trabajadores ha sido escalonada, de uno millar según los sindicatos y la oposición, si bien no hay un número confirmado por la empresa. De hecho, en el último consejo se decidió prorrogar hasta finales de año la salida de 190 empleados que inicialmente estaban incluidos en el ERE para garantizar las emisiones de televisión y radio, asunto condicionado a un informe solicitado a la autoridad laboral.
Los consejeros de la oposición y representantes sindicales han criticado la "arbitrariedad" de los despidos y advierten de que no se puede poner en marcha un nuevo proyecto "serio" hasta que no se produzca la resolución judicial. Tras la aprobación del ERE, los sindicatos Intersindical, UGT, CCOO, CGT, USO y CSI·F presentaron varias demandas colectivas contra el ERE de RTVV y ahora debe ser el TSJCV el que ponga fecha para la celebración del juicio que resuelva la petición de impugnación de este expediente, tras ser declarado competente por el Tribunal Supremo para dirimir sobre este caso, después de un itinerario judicial que llegó también a la Audiencia Nacional.
Entre tanto, el Consell aprobó la liquidación del ente RTVV para dar paso a una nueva sociedad. En medio de este proceso se produjo la dimisión del ex director general de RTVV José López Jaraba, que no llegó a firmar la resolución del ERE, aunque sí lo hizo su sustituto, el director general de la Fundación CACSA, Alejandro Reig, que asumió el cargo en diciembre y fue el encargado de ejecutarlo. Actualmente, la responsable de la nueva sociedad es la abogada Rosa Vidal.
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